JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
Durante muchos años, la fiscalización pública en Tamaulipas cargó con una pesada percepción: la de convertirse en un trámite burocrático cuyos resultados terminaban archivados entre expedientes, recursos legales y tiempos administrativos interminables.
La comparecencia del Auditor Superior del Estado, FRANCISCO ANTONIO NORIEGA OROZCO, ante la Comisión de Vigilancia del Congreso local dejó ver que, más allá del discurso institucional, en los datos presentados, sustentados en hechos concretos, se rompe con esa inercia.
No fue casual que legisladores de distintas fuerzas políticas coincidieran en reconocer los avances reportados y se declararan en suma a tales afanes.
Cuando la polarización incide en cualquier discusión pública, el respaldo expresado por el diputado del PT, y las diputadas PRI y PAN a los resultados de la Auditoría Superior del Estado adquiere un significado político adicional: la fiscalización comienza a ser vista como una política de Estado y no como un instrumento de confrontación partidista.
Los números expuestos son contundentes. La revisión de la Cuenta Pública 2024 alcanzó a 162 entidades gubernamentales mediante 199 informes individuales de auditoría.
Se trata de una cobertura inédita que incluyó dependencias estatales, organismos descentralizados, municipios, COMAPAS y organismos autónomos. Por sobre el volumen de las auditorías, el dato relevante es la fiscalización misma, que dejó de limitarse a señalar observaciones, para avanzar hacia procedimientos sancionatorios y responsabilidades concretas.
Durante 2024 fueron sancionados 133 servidores públicos por incumplimientos administrativos y en lo que va de 2025 se han sumado otros 20 casos. Paralelamente, se promovieron 27 expedientes por presuntas faltas graves y se recuperaron asuntos que estaban a punto de prescribir.
Traducido al lenguaje ciudadano, significa que los hallazgos ya no están destinados únicamente a engrosar estadísticas. La afirmación más contundente del Auditor fue también la más política: la impunidad ha dejado de ser una opción.
Naturalmente, esa declaración camina hacia su acreditación, con resultados definitivos en tribunales administrativos, órganos internos de control y procedimientos resarcitorios.
La verdadera prueba de cualquier sistema de fiscalización no está en la observación, sino en la sanción efectiva y en la recuperación de recursos públicos cuando corresponda, lo que por tanto tiempo pidió el pueblo y recurrentemente se le desconoció.
Otro aspecto que merece atención es la radiografía presentada sobre los entes auditados. Los municipios mostraron una reducción importante en montos observados respecto al ejercicio anterior, mientras que las COMAPAS continúan apareciendo como uno de los principales focos de preocupación institucional. No es un dato menor.
Las observaciones superiores a los once mil millones de pesos en organismos operadores de agua revelan problemas estructurales relacionados con controles administrativos, registros contables, integración documental y manejo financiero.
Aunque no necesariamente constituyen actos de corrupción directos, sí evidencian debilidades que generan opacidad y dificultan la rendición de cuentas; ahí parece encontrarse uno de los grandes desafíos para los próximos años.
Porque la fiscalización moderna ya no consiste únicamente en castigar errores después de ocurridos. Su función más valiosa es preventiva: generar capacidades institucionales para que las irregularidades no sucedan.
Ahí esconde entra la estrategia anunciada por la Auditoría para fortalecer la capacitación, la profesionalización administrativa, el uso de inteligencia artificial, las inspecciones físicas y los sistemas tecnológicos de seguimiento apunta hacia una transformación de fondo.
El propio NORIEGA lo resumió con una frase que merece atención particular: transitar de la institución que señala, a la institución que ayuda a corregir y resolver. La fiscalización no debe convertirse en una fábrica de expedientes, sino en un catalizador de mejores gobiernos, la luz al final del túnel que aparece ante los ojos del colectivo.
Por ello resulta relevante que el Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia que preside el diputado ELIFA GÓMEZ LOZANO, haya reiterado su respaldo a los esfuerzos orientados a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.
La confianza ciudadana no se construye con discursos, se hace, cuando cada peso público puede ser rastreado, explicado y comprobado.
En una entidad donde durante años los rezagos, las observaciones acumuladas y los procedimientos inconclusos formaron parte del paisaje administrativo, el principal mensaje del informe presentado esta semana aparece claro: La fiscalización ya no quiere limitarse a revisar el pasado, sin dejar de hacerlo; busca influir en el comportamiento futuro de quienes administran los recursos del pueblo.
En ese destino, los beneficiarios no serán la Auditoría, ni el Congreso, más allá al reconocimiento del deber cumplido y la institucionalización de un nuevo paradigma efectivamente fiscalizador. Al final del día, todo eso se leerá en el destinatario final de tales políticas aplicadas, quienes no son otros que los tamaulipecos todos.
