LA PAZ.-Los bolivianos se encuentran en una situación altamente explosiva, y esta es una expresión que debe tomarse al pie de la letra.
Los periodistas sobre el terreno informan de que los manifestantes detonan continuamente pequeñas cargas de dinamita para dar más fuerza a sus reivindicaciones. Las carreteras principales llevan semanas bloqueadas y ahora la situación se agrava en esta capital.
Los manifestantes han irrumpido en edificios públicos y han levantado decenas de barricadas, lo que ha provocado atascos en el transporte de combustible y alimentos y, en algunos hospitales, escasez temporal de botellas de oxígeno.
Los bancos han cerrado y los economistas advierten de que las protestas están sumiendo al país aún más en la crisis.
El Departamento de Estado de Estados Unidos califica incluso los disturbios como un “intento de golpe de Estado”. Ya antes de las elecciones de octubre de 2025, Bolivia atravesaba una mala situación económica.
Debido a la debilidad de las exportaciones, escaseaban las divisas, que se necesitaban urgentemente, por ejemplo, para importar combustible.
Tras casi 20 años de socialismo, con una fuerte influencia estatal en la política económica bajo los mandatos de los presidentes Evo Morales (2006-19) y Luis Arce (2020-25), los bolivianos allanaron el camino para un cambio significativo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.
Antes de la segunda vuelta, los dos candidatos, más bien de derecha, prometieron reformas económicas. El favorito inicial, Jorge Quiroga, quería volver a poner a Bolivia en pie con una inyección financiera del Fondo Monetario Internacional.
Finalmente, ganó el político de centro-derecha Rodrigo Paz, que había abogado por la modernización del Estado sin ayuda exterior.
La escasez de divisas que se ha prolongado durante años y la elevada dependencia de las importaciones han hecho que la ratio de deuda de Bolivia aumente hasta el 95 por ciento del producto interno bruto en 2025.
Una de las primeras medidas de Paz para consolidar el presupuesto estatal fue considerada razonable por los observadores, pero dolorosa para la población: a finales de año eliminó las subvenciones a la gasolina, lo que provocó que los precios casi se duplicaran. Este repentino aumento, junto con otros factores internos, aceleró la inflación.
