La escasez de agua se está convirtiendo en una amenaza económica y social en México. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (iMCO), la disponibilidad anual de agua por habitante ha disminuido de 10 mil metros cúbicos (m3) en 1960 a 3.2 mil m3 en esta década. Esta disminución se debe a una combinación de factores, incluyendo el crecimiento demográfico, la urbanización, el cambio climático, el uso agrícola, la contaminación del agua, la sobreexplotación de acuíferos y deficiencias en la gestión del agua.
El estrés hídrico es particularmente relevante en los estados fronterizos del país y en el Valle de México, que juntos generan casi la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) del país. La falta de agua puede tener un impacto significativo en la economía nacional, afectando la operación de las empresas y el sector agropecuario, lo que conlleva riesgos en la seguridad alimentaria.
Además, existe una amplia brecha socioeconómica en el suministro de agua en los hogares que cuentan con tubería de agua. En la Ciudad de México, el 80% de los hogares en el estrato bajo reciben agua por tandeo (de forma irregular en la semana), en comparación con solo el 4.5% en el estrato alto.
Para enfrentar este desafío, se requieren inversiones tanto del sector público como del privado para mejorar la eficiencia del agua. La modernización del campo, a través de la implementación de control ambiental en los invernaderos y sistemas hidropónicos, podría ser una forma de mejorar la disponibilidad de agua. Sin embargo, se requieren recursos y apoyos para lograrlo.
Además, los empresarios sugieren la creación de una Secretaría del Agua, que fiscalice las concesiones de todos los sectores, como una posible solución al problema. Esta crisis de agua subraya la necesidad de una gestión efectiva y sostenible de los recursos hídricos para garantizar el bienestar económico y social de México.
