En una sesión cargada de tensión y controversia, la Cámara de Diputados de México aprobó la reforma al Poder Judicial tanto en lo general como en lo particular. El dictamen, respaldado por Morena y sus aliados, recibió 357 votos a favor y 130 en contra, con el rechazo de los partidos opositores. La reforma ahora se dirige al Senado para su revisión final.
La jornada legislativa, que se prolongó hasta la madrugada, vio cómo se desestimaron casi en su totalidad las 610 reservas presentadas por los diputados. Entre las modificaciones aceptadas, destacan tres cambios significativos: la gratificación para magistrados y jueces que concluyan su encargo, la eliminación de la restricción para ejercer la profesión en el periodo de dos años posterior a su salida del cargo, y la inclusión del término “jueza” en el artículo 17 para asegurar la equidad de género en la terminología.
La aprobación se produjo en medio de protestas y bloqueos en diferentes sedes judiciales, reflejando la inquietud de diversos sectores. Trabajadores del poder judicial extendieron sus manifestaciones al Senado, mientras que la comunidad empresarial expresó su preocupación sobre las posibles repercusiones de la reforma en la estructura constitucional del país.
La diputada Olga Sánchez Cordero, quien lideró el grupo especial de revisión, no pudo asistir a la sesión por problemas de salud. A pesar de su ausencia, el grupo logró introducir algunas modificaciones importantes, aunque no se llevaron a cabo todos los cambios que ella había sugerido previamente.
El proceso legislativo continúa bajo la lupa de la opinión pública, con reacciones mixtas y un ambiente de incertidumbre en torno a cómo esta reforma impactará en el funcionamiento y la independencia del sistema judicial en México.
