JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
Una agrupación de periodistas de la zona conurbada del sur le pidió a la diputada CYNTHIA LIZABETH JAIME CASTILLO, presentara una iniciativa ante el Congreso Local, “para la autorregulación de los periodistas”.
Todos, en algún momento hemos sido cuestionados y nos han cuestionado en el trayecto del ejercicio de la profesión de comunicadores.
Es muy ordinario que los más experimentados cuestionen a los que inician, o recién llegan de otras plazas a una nueva y luego, ya en lo individual, y entre los grupos generacionales que suelen hacerse, se crucen los cuestionamientos, por angas o mangas, cosa que no será extraña a otros oficios y profesiones.
Podría contarle las tantas anécdotas de los momentos, en mis 47 años de periodista, en que he sido cuestionado por otros que luego se volvieron mis grandes amigos y compañeros, pero esa es otra historia digna de otro espacio.
La diferencia del momento en comento acaso sea, el amplio espectro de impacto y resonancia, que esta representa, por la calidad propia, mediática por antonomasia. Aquello, que tiene origen temporal y geográfico inmemorial, se ha multiplicado con la propagación de los medios digitales y sus redes sociales.
“Ahora ya cualquier persona con un teléfono celular se siente -y se dice- periodista”, he escuchado repetidamente en distintos momentos y lugares, con enfado de compañeros comunicadores. Los de la agrupación aquella del sur se atrevieron a traducir tal expresión en una iniciativa de ley, que anduvieron platicando a varios legisladores, hasta que CYNTHIA les tomó la palabra, el documento y la intención, llevando la propuesta al pleno del Congreso Local.
Según eso, debería haber un Colegio de Periodistas -real, no como el remedo que por ahí se anuncia-, cuya función fuera la de identificar a los auténticos profesionales de la comunicación, respecto de los extraños, que andan por ahí propalando mentiras, agrediendo y extorsionando a quien se deja.
Entre un aproximado de 20 iniciativas que en promedio meten los legisladores en cada sesión ordinaria, aquella se perdió en un primer momento; luego aparecieron terceros intereses para “darle vuelo” y se desencadenó la “condena pública”.
Viniendo de periodistas el rechazo -como la propuesta-, la condición se volvió pública por necesidad. Sí, no queremos que advenedizos, sin oficio y acaso con un beneficio que pensamos no les corresponde, se cuelen a desgastar la imagen y el ejercicio de la profesión.
Pero tampoco queremos que eventualmente se nos pueda poner en esa condición de cuestionados, especialmente cuando sean, los criterios de quienes ejercen el poder público los que se hagan prevalecer, amagando y persiguiendo a quienes se atrevan a cuestionarlos.
En el aquí y ahora, hemos visto a una estructura que, desde las cúpulas del poder estatal, liderado por el doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ha expresado, reiterado y dado muestras, de su tolerancia a la crítica, su vocación a favor de la libre expresión de las ideas y el derecho a la información, sin más convocatoria que la búsqueda de la verdad y el bien común.
Entonces no sería tema el temor al mal uso de disposiciones y estructuras de las que considera la propuesta de marras. No, si no fuera porque las personas y en algunos casos hasta las actitudes, pueden resultar dinámicas, evolutivas, cambiantes, dicen quienes insisten en la amenaza que se cierne en torno a la propuesta aquella.
Este no es un tema nuevo en Tamaulipas, en todo México y me atrevería a asegurar que en la mayor parte del mundo. Todas las iniciativas que se han promovido -y no han sido pocas al paso de los tiempos y el recorrer de los territorios-, para regular el ejercicio de la libertad de expresión, invariablemente, han caído por la fuerza aplicada de la opinión pública.
Ni en los tiempos del avasallante unipartidismo pudieron hacer mayor cosa al respecto. Sus razones tienen los periodistas sureños que animaron la iniciativa de la diputada JAIME y ella misma, al intentar defender los postulados que la soportan, más allá del contenido, en la función reactiva provocada que desemboca en la denominada “sociedad participativa” a que tanto se ha convocado.
Pero otra vez, más vale tolerar el exceso y que cada uno se construya su credibilidad mediática por los oficios propios, a dejar un espacio para que la cerrazón y el retroceso asalten la opinión pública, según el grueso de las expresiones dadas.
Al final del día, esa, es una más, entre las decenas de iniciativas que cada semana entran a la cartera legislativa, de las que, la mayoría, ven pasar el tiempo en espera de su dictamen y desahogo por el pleno. Suenan descabelladas las expresiones “proteccionistas” contra una legislación que está muy lejos de serlo.
Ni la comisión ha sido convocada para conocerle; muchos momentos en el proceso existen como inhibidores de su consumación efectiva. No está de más decirlo.
