Vitol, la multinacional petrolera acusada de haber pagado sobornos en México entre 2015 y 2020, obtuvo permisos para importar 57 mil millones de litros de combustible en los últimos días del gobierno de Enrique Peña Nieto y en el arranque de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los responsables de gestionar los permisos fue Javier Aguilar, un mexicano residente en Houston que enfrenta un proceso en una Corte en Nueva York por supuestamente haber intervenido como directivo de Vitol en una red de pago de sobornos en Ecuador.
Según documentos obtenidos por mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Aguilar gestionó también los permisos para la terminal Río Bravo, la cual almacena el combustible importado, y cuya operación fue autorizada durante la actual administración federal.
En los documentos consultados consta, además, que el exdirectivo de Vitol acusado de corrupción también fue el responsable de firmar un contrato de suministro de etano por 237 millones de dólares en Pemex (equivalente a 4,500 millones de pesos) para el periodo 2018-2020, el cual, según una auditoría, fue pagado con sobrecostos.
También aparece como firmante en contratos y procedimientos de licitación con la Comisión Federal de Electricidad y el Puerto de Veracruz.
MCCI constató en documentos oficiales que Aguilar fungió como representante de Vitol hasta mediados de 2020.
En el sexenio pasado, la empresa transnacional también obtuvo contratos para el suministro de energéticos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuando ésta era dirigida por Enrique Ochoa, ahora diputado del PRI. Los montos pagados por dichos contratos fueron clasificados como confidenciales por la actual administración obradorista.
Además, MCCI y Animal Político constataron que varios exfuncionarios públicos de Pemex y la CFE pasaron a formar parte de la nómina de Vitol, a la que presuntamente beneficiaron desde sus anteriores encargos.
