El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) anunció este lunes la acusación formal contra los empresarios mexicanos Ramón Rovirosa, de 46 años, y Mario Ávila, de 61, por presuntamente sobornar a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de su filial de exploración y producción (PEP) con el objetivo de obtener lucrativos contratos.
De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Texas, entre 2019 y 2021 ambos empresarios, residentes permanentes en Estados Unidos, conspiraron con otros cómplices para entregar al menos 150,000 dólares en efectivo, así como artículos de lujo de marcas como Louis Vuitton y relojes Hublot, a por lo menos tres funcionarios de la petrolera mexicana.
A cambio, dichos funcionarios habrían favorecido a empresas vinculadas con Rovirosa y Ávila, otorgándoles contratos con un valor estimado de al menos 2.5 millones de dólares. El DOJ también señaló que Rovirosa tendría supuestos vínculos con miembros de cárteles mexicanos, lo que agrava el perfil del caso.
Mientras que Rovirosa ya fue procesado, Ávila permanece en libertad en espera de nuevas diligencias. Pemex no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la acusación y hasta el momento no se ha confirmado si los funcionarios presuntamente implicados enfrentan procesos judiciales en México.
La acusación recuerda otros escándalos de corrupción que han golpeado a Pemex durante décadas. Entre los casos más mediáticos está el del exdirector Emilio Lozoya, procesado por recibir sobornos millonarios y quien, en su defensa, señaló a expresidentes como Felipe Calderón, Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además de otros altos exfuncionarios, de haber participado en actos ilícitos.
Pese a las promesas del expresidente Andrés Manuel López Obrador de erradicar la corrupción en la petrolera y en el aparato gubernamental, México continuó cayendo en los índices internacionales de percepción de corrupción.
Rovirosa y Ávila enfrentan un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) y tres cargos adicionales por infracciones sustantivas de la misma. Esta ley prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses, así como a personas y compañías extranjeras radicadas en Estados Unidos, realizar pagos a funcionarios extranjeros para asegurar o retener negocios.
Si son hallados culpables, podrían enfrentar severas sanciones económicas y penas de prisión, en un caso que vuelve a poner en la mira internacional los problemas estructurales de corrupción que persisten en la principal empresa estatal mexicana.
