La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció la desaparición de al menos 275 migrantes venezolanos y salvadoreños deportados desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, sin acceso a juicio, defensa legal ni comunicación con sus familias.
La situación se originó cuando el presidente Donald Trump activó en marzo la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a presuntos pandilleros, especialmente del Tren de Aragua, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), a pesar de las objeciones legales.
Entre el 20 de enero y el 29 de abril, EE.UU. expulsó a 142 mil personas, pero no hay claridad sobre el destino de muchos de ellos, en especial 245 venezolanos y 30 salvadoreños, cuyo paradero sigue sin esclarecerse. Según la ONU, ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado una lista oficial de detenidos, lo que ha provocado gran angustia entre las familias, muchas de las cuales se enteraron de la detención de sus seres queridos por videos filtrados en redes.
La ONU considera alarmante esta práctica, señalando posibles violaciones al debido proceso y al derecho internacional. Además, cuestiona el uso de cadenas para las detenciones, la retórica humillante contra los migrantes y la criminalización sin pruebas. Según reportes, El Salvador habría aceptado recibir a estos migrantes a cambio de seis millones de dólares.
La ONU solicitó acceso al Cecot y advirtió que esta situación podría constituir desapariciones forzadas. Mientras tanto, varios tribunales en EE.UU. han detenido temporalmente las expulsiones bajo esta ley, calificándolas de ilegales por carecer de garantías procesales. El alto comisionado Volker Türk llamó al gobierno estadounidense a detener estas prácticas y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes.
