La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil ha solicitado una condena sin precedentes para Jair Bolsonaro, acusándolo de orquestar un golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022. El fiscal general Paulo Gonet presentó ante el Supremo Tribunal Federal (STF) cargos por organización criminal, intento de abolición del Estado democrático, golpe de Estado, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio histórico.
La acusación detalla un plan que habría incluido presiones a mandos militares, decretos para desestabilizar instituciones, movilización de simpatizantes y uso de recursos públicos para propagar desinformación electoral. El fiscal sostiene que Bolsonaro no solo permitió los ataques del 8 de enero de 2023 en Brasilia, sino que los alentó y maniobró para debilitar al STF y al Tribunal Superior Electoral.
El juez Alexandre de Moraes aceptó la denuncia en marzo y confirmó indicios razonables para sostener la acusación. La condena podría superar los 40 años de prisión y sumarse a la inhabilitación política que ya enfrenta hasta 2030. La defensa rechaza todos los cargos y califica el proceso como una persecución política, insistiendo en que Bolsonaro actuó dentro de los márgenes constitucionales.
El caso también salpica a exministros, generales y altos mandos militares de su gobierno. Mientras tanto, el juicio avanza hacia su fase final: Moraes citará al teniente coronel Mauro Cid, testigo clave, para presentar su testimonio en 15 días. Luego, la defensa tendrá otro plazo para los alegatos antes de la decisión final, prevista para septiembre.
El proceso ha polarizado a Brasil y genera tensiones diplomáticas, pues el expresidente Donald Trump vinculó el juicio a nuevos aranceles del 50 % a Brasil, tachándolo de “caza de brujas”. De concretarse una condena, sería la primera vez que Brasil castiga penalmente a un expresidente por un intento de golpe, sentando un precedente en la historia democrática del país y definiendo el rumbo político de los próximos años.
