La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este miércoles que el país ha realizado pagos por un total de 189 millones de pesos a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante 2025. La aclaración fue hecha desde Palacio Nacional en su conferencia matutina, donde la mandataria abordó directamente los rumores difundidos en redes sociales sobre una supuesta falta de cumplimiento con las cuotas establecidas por el organismo internacional. Sheinbaum aseguró que los pagos se realizan de forma calendarizada y puntual, tal como ha sido la práctica de administraciones anteriores. “Hasta la fecha se han hecho 189 millones de pesos que se han pagado, hasta el 16 de junio”, subrayó.
Estas contribuciones forman parte de las obligaciones económicas que México, como miembro activo de la ONU, debe cubrir para financiar operaciones globales en temas como seguridad, desarrollo sostenible y derechos humanos. La aclaración llega en un contexto en el que el país ha sido objeto de observaciones internacionales por temas relacionados con derechos humanos, particularmente tras la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CDF), que pidió a México información sobre posibles prácticas sistemáticas de desaparición forzada dentro de su territorio.
Sheinbaum también respondió a esta solicitud, indicando que la Secretaría de Gobernación, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, está trabajando estrechamente con el organismo internacional a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. La presidenta reiteró su disposición a cooperar con instancias multilaterales y subrayó que su administración tiene un compromiso con el respeto y promoción de los derechos humanos. Además, destacó que su gobierno mantiene el interés de que las instituciones mexicanas actúen con transparencia y responsabilidad frente a las exigencias de organismos internacionales, especialmente en temas tan sensibles como la desaparición forzada.
Las declaraciones de Sheinbaum también responden al ambiente de tensión tras recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra instituciones mexicanas, en las que la mandataria ha afirmado que se trata de acusaciones sin pruebas claras. El Gobierno de México busca así reafirmar su papel como miembro activo y comprometido con la legalidad y la cooperación internacional, al tiempo que trata de disipar señalamientos que puedan afectar su imagen en el exterior.
