La Universidad de Harvard presentó una demanda contra la administración Trump tras la revocación repentina de su autorización federal para admitir estudiantes internacionales. La decisión fue tomada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que pone en riesgo la situación migratoria de cerca de 7 mil estudiantes.
Según Alan Garber, presidente interino de Harvard, esta acción se percibe como una represalia del gobierno por la negativa de la institución a ceder el control académico al gobierno federal. En su carta a la comunidad universitaria, Garber calificó la medida como «ilegal e injustificada» y anunció que solicitarán una orden de restricción temporal para frenar la revocación mientras se resuelve el caso legal.
La demanda, interpuesta en el tribunal federal de Massachusetts, denuncia que la acción del gobierno intenta eliminar a una cuarta parte de la matrícula estudiantil de Harvard «de un plumazo». Además, argumenta que la cancelación de la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio viola los procedimientos establecidos, ya que no hay mecanismos previstos para una revocación sumaria fuera del ciclo regular de revisión.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la revocación al acusar a Harvard de permitir actividades violentas y de acoso por parte de estudiantes internacionales, a quienes relacionó con ideologías «antiamericanas y proterroristas». También exigió a la universidad entregar en tres días todos los registros académicos y disciplinarios, así como material audiovisual de los últimos cinco años, como condición para restaurar la certificación.
La medida se suma a una serie de tensiones entre la administración Trump y Harvard, incluyendo una demanda previa del mes pasado por la congelación de 2,200 millones de dólares en fondos federales. En su defensa, Harvard asegura que ha colaborado con las solicitudes de información del gobierno, pero que ha recibido respuestas negativas por considerarlas insuficientes. La universidad reafirmó su compromiso con sus estudiantes internacionales y prometió asistencia legal para quienes se vean afectados.
