La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo objetivo central es prohibir la propaganda política, ideológica y comercial de gobiernos o entidades extranjeras en medios nacionales, salvo en casos de promoción turística o cultural. El envío de la iniciativa al Senado ocurrió tras la difusión en televisión mexicana de un anuncio del gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, contra la inmigración ilegal, el cual Sheinbaum calificó como “discriminatorio”. En el anuncio, la secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, transmitía un mensaje directo en el que advertía contra el ingreso ilegal a territorio estadounidense. La presidenta mexicana señaló que este tipo de propaganda ha estado presente en medios mexicanos desde hace meses, incluso durante partidos de fútbol de la Liga MX.
El proyecto establece que concesionarios de radio, televisión o audio, públicos o privados, no podrán transmitir propaganda de gobiernos extranjeros, según lo estipulado en el artículo 210 de la iniciativa. De igual forma, prohíbe que plataformas digitales disponibles en México vendan espacios publicitarios para difundir información política o comercial de entidades extranjeras, salvo fines culturales o artísticos. Además, el artículo 71 de la iniciativa impide que concesiones de radiodifusión sean cedidas o vendidas a gobiernos extranjeros. La Secretaría de Gobernación será la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de estas restricciones, reforzando su papel de supervisión sobre los contenidos transmitidos tanto en medios tradicionales como digitales.
La iniciativa también contempla otros cambios importantes, como una nueva clasificación del espectro radioeléctrico, eliminando la figura de “espectro reservado” que existía en la legislación actual. Asimismo, fortalece las obligaciones de los concesionarios en materia de colaboración con las autoridades de justicia, exigiendo la conservación de registros de comunicaciones, incluidos los de mensajería instantánea, siempre que medie un mandamiento judicial fundado. Aunque muchos de estos puntos ya figuraban en la legislación vigente, la iniciativa de Sheinbaum amplía y precisa varias obligaciones.
Inicialmente, la aprobación del dictamen en comisiones parecía allanarle el camino, dado que Morena y sus aliados controlan la mayoría legislativa. Sin embargo, la votación en el pleno del Senado, prevista para el 28 de abril, fue pospuesta. La presidenta pidió abrir un proceso de diálogo más amplio, con la participación de actores sociales, económicos, académicos y técnicos, para atender críticas y aclarar los alcances de su propuesta, especialmente en torno a la regulación de plataformas digitales. Sheinbaum negó que la reforma busque censurar contenidos y propuso que, tras enriquecer el dictamen, se convoque a un periodo extraordinario de sesiones en mayo para su eventual aprobación.
