La Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro envió el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma al artículo 4 constitucional que, entre otros aspectos, reduce de 68 a 65 años la edad para comenzar a recibir la pensión de adultos mayores y establece la pensión universal para personas con discapacidad menores de 65 años.
Después de once horas de discusión, la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro envió el proyecto al Senado de la República para su análisis y eventual ratificación.
El dictamen avalado en lo general con 483 votos de los legisladores de todas las fuerzas políticas establece la obligación del Estado para garantizar la rehabilitación de las personas con discapacidad permanente, dando prioridad a los menores de 18 años de edad.
Considera igualmente reformas al artículo 27 para elevar a rango constitucional el programa Sembrando Vida y establecer precios de garantía para maíz, frijol, leche, arroz y trigo.
“El Estado garantizará, en los términos que fije la ley, la entrega de un jornal seguro, justo y permanente a campesinos que cultiven sus tierras con árboles frutales, maderables y especies que requieran ser procesadas; un apoyo anual directo y fertilizantes gratuitos a productores, y un apoyo directo a los pescadores de pequeña escala”, señala.
La reforma constitucional subraya asimismo que el Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en el artículo 4.
“El monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales, respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.
De acuerdo con el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el impacto presupuestal de la reforma ascenderá a 71 mil 268 millones 173 mil 584 pesos a precios de 2024.
Al fijar la posición de Morena, el diputado Gabriel García Hernández, ex coordinador de los superdelegados del bienestar, afirmó que 9 millones de personas salieron de la pobreza en los últimos años y 30 millones de familias reciben una parte del presupuesto público a través de los programas sociales.
“Con el nuevo humanismo mexicano se seguirá haciendo historia y se modifican los artículos 4 y 27 constitucional para que los ideales de igualdad, redistribución de la riqueza y justicia sean un derecho social”, dijo.
En su turno, el diputado Diego Ángel Rodríguez anticipó así el voto de la bancada del PAN a favor de la reforma: “Atendiendo a la confianza de las y los ciudadanos, tenemos la obligación de legislar en base a sus necesidades, no en torno a la instrucción de un falso mesías que, dicho sea de paso, ya se fue causando mucho daño a nuestro país.
En Acción Nacional por supuesto que estamos a favor de los programas sociales, porque vemos en ellos una herramienta que realmente impulsa a las personas a salir adelante”.
