La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ha solicitado a Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que atraiga los recursos legales presentados contra la reforma que extinguió los 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), los cuales acumulan más de 15 mil millones de pesos destinados a los damnificados de Otis en Guerrero.
En un comunicado, la Consejería Jurídica argumenta que los integrantes del PJF, al tener interés en mantener el control de recursos públicos obtenidos de las «aportaciones de los contribuyentes», están impedidos para resolver imparcialmente los juicios de amparo relacionados. Se destaca la urgencia de que la Suprema Corte atraiga y resuelva de manera prioritaria estos amparos, dada la implicación de intereses económicos de jueces y magistrados que contravienen el interés público de utilizar los recursos para la atención a la población de Acapulco y Coyuca de Benítez.
La Consejería Jurídica señala que las suspensiones relacionadas con los fideicomisos han sido rápidas e inusuales. El juez decimosegundo de Distrito en Chihuahua, Juan Fernando Luévano Ovalle, concedió de manera indefinida la suspensión definitiva del decreto del 27 de octubre de 2023, afectando a todos los jueces y magistrados del PJF, impidiendo el uso de los recursos para la reconstrucción de Acapulco. Además, la jueza novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, otorgó una suspensión con efectos generales, beneficiando a jueces y magistrados, sin considerar si habían presentado un juicio de amparo o no.
El comunicado critica la actuación de jueces y magistrados, alegando que resuelven amparos que les benefician bajo el pretexto de defender la independencia judicial, buscando mantener el control de los recursos públicos de los fideicomisos para obtener beneficios extraordinarios no compartidos por otros servidores públicos.
