JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
“ Para saber quién es quién… hay que escuchar los corridos”, decía el inmortal IGNACIO LÓPEZ TARSO; con los manoseos del “nuevo regional” alterado, vale ahora, mejor leer entre líneas, cuando de la intención aquella se trate.
En el intrincado laberinto de la política doméstica, pocos temas generan más controversia, como el de la seguridad y la política, por estos tiempos íntimamente ligados.
Aquellos que no hace mucho solían hablar con sorna de la estrategia de “abrazos, no balazos”, ahora están convertidos en críticos voraces de las campañas para combatir el delito, que tanto reclamaron.
Esa doble moral y discurso, no desconcierta, sabiendo de quién viene, pero más aún, revela una intención tan clara, como vana: desestabilizar al gobierno y borrar del recuerdo las atrocidades cometidas por ellos, durante años, cuando se dedicaron a empoderar a las bandas criminales.
La reciente detención de un generador de violencia en Reynosa desató una serie de hechos lamentables, en los que vale, el principio, reconocer que las respuestas a estos desafíos se están gestando desde la institucionalidad.
Los tres órdenes de gobierno, bajo la dirección del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, y los tres poderes, se ven comprometidos trabajando en conjunto en mesas de seguridad y paz, de forma permanente. Este esfuerzo no es solo político; es un deber moral hacia la ciudadanía que se asume con convicción y con decisión, con valor y sapiencia.
La firmeza y valentía que caracterizan a esta administración estatal, se evidencian en la utilización de todos los recursos disponibles, tanto tecnológicos como humanos, hasta el punto del sacrificio. La colaboración entre los Poderes del Estado, transitan hacia la construcción de un entorno más seguro y con oportunidades para todos, en una sinergia que es respuesta puntual a las críticas infundadas y a las campañas de desinformación que buscan exacerbar el descontento popular.
Las voces que claman por el intervencionismo extranjero, en un intento por reinstalar a sus antiguos aliados en el poder, están condenadas al fracaso, pues los tamaulipecos se aprecian unidos en torno a la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM y al Gobernador VILLARREAL, apoyando políticas que buscan priorizar el bienestar de los más necesitados.
Esa unidad es testimonio de la madurez política de la ciudadanía, que ahora más que nunca sabe discernir entre el bien y el mal; los delincuentes de cuello blanco, quienes históricamente asaltaron el poder y disfrutaron de privilegios a costa del pueblo, no tienen cabida en la definición de la nueva agenda pública.
La memoria colectiva de la ciudadanía es poderosa y, aunque intenten enmascarar su pasado, el desprestigio habla por ellos: la gente sabe quiénes son y cómo operan; por eso, su rechazo es automático.
En el extremo de la balanza, resulta lamentable y condenable, la muerte de valerosos policías que han caído en el cumplimiento de su deber combatiendo a los proscritos.
Son héroes que arriesgan diariamente la suya, por la integridad de nuestra sociedad, lo que nunca ha sido suficientemente valorado por el colectivo. En el contexto del “tema Sinaloa”, la Presidenta ha sido clara: no podemos permitir que el manoseo político, especialmente desde el exterior, altere la vida pública nacional.
La situación del gobernador con licencia RUBÉN ROCHA MOYA, en la mira de medios que propagan “fake news”, lo ilustra; las autoridades jurisdiccionales deben en efecto investigar a fondo las acusaciones, pero también, actuar con responsabilidad para no caer en el juego de la desinformación y los intereses extraños.
En ese contexto, la incoherencia en las declaraciones del diputado federal por el Verde, MARIO ALBERTO “La Borrega” LÓPEZ, refleja una falta de fundamento en sus afirmaciones y una amplitud de sustentos en sus intenciones.
El diputado presidente del Congreso Local HUMBERTO PRIETO HERRERA lo dijo con un tino irrebatible: existe la posible responsabilidad resarcitoria por 84 millones de pesos y una promoción de responsabilidad administrativa por 291 millones de irregularidades detectadas en su gestión edilicia.
Si alguna vez le fue ofrecido unirse a una red criminal, además, su prolongado silencio lo convierte en cómplice; la denuncia tardía de esos cuestionables hechos debe ser acompañada de pruebas concretas.
No es suficiente con hablar en medios de comunicación sin respaldar las acusaciones. El exalcalde de Matamoros tiene un historial que lo compromete: las responsabilidades por las irregularidades en su gestión edilicia, ahora, no pueden ser ignoradas y su deseo de desprestigiar al morenismo tamaulipeco, parece más un intento desesperado por ganar impunidad y recuperar una relevancia perdida en sus propias inmundicias.
La unión y la transparencia son los valladares para avanzar hacia un futuro colectivo cierto y prominente. Lo demás y lo de los otros, es sobradamente conocido.
