JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
Pobres, los viejos partidos que pasaron por el poder público en México, sin darse cuenta de su agotamiento y hoy descansan en el puño de una mente criminal, como única opción de supervivencia.
Lo que queda del PAN como voz cantante y el PRI como caja de resonancia, repiten el estribillo del son que les dicta desde su guarida el exgobernador prófugo de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA.
Están colgados de la telenovela que se inventó, endosando todos los males de que ha sido protagonista y de no pocos su autor, al partido y sus líderes, que llegó al gobierno con ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y cambió la vida de millones de mexicanos a quienes ellos condenaron a la inopia.
Así como montaron la tramoya para que un juez norteamericano abriera expedientes contra el Gobernador de Sinaloa y colaboradores, viéndose al espejo de sus inmundicias, ahora tratan de desacreditar la defensa de la soberanía y la exigencia de sustento a las acusaciones vertidas.
El último falso debate inyectado en el espectro mediático, pone en voz de la institucionalidad afirmaciones de que RUBÉN ROCHA MOYA pretende conservar la inmunidad procesal -fuero- aún separado del cargo, si fue precisamente para que la Fiscalía de la República realice sus indagatorias, sin restricciones, que pidió licencia.
Sus afirmaciones aclamando al derecho local e internacional resultan igualmente mentirosas, con simplificaciones y matices harto rebatibles. Dicen que el concepto de “pruebas contundentes” no existe en el tratado de extradición ni en la Constitución mexicana, como si “pruebas suficientes” o “causa probable” -lo que sí está bien asentado en el texto-, fueran otra cosa.
Aluden al carácter mixto de la extradición en México, administrativo -conducido por la Secretaría de Relaciones Exteriores- y judicial -en el que interviene un juez federal-, como imperantes del ejercicio de la acción contra el Gobernador -ahora con licencia-, apurando a la detención provisional en tanto se manda al extranjero.
Sí es necesaria una orden de arresto del Estado requirente, la identificación del reclamado y la solicitud diplomática, que ellos difunden como definitiva, pero el procedimiento concede a un juez mexicano revisar que la solicitud cumpla requisitos formales y de legalidad, aunque no entre al fondo del caso.
Es verdad que no se exige prueba plena en esta fase y la detención responde a la cooperación internacional, pero los motivos de la petición deben estar sólidamente fundamentados; la “probable causa” en sus fundamentos es lo que el juez mexicano debe verificar.
No hay juicio probatorio, pero tampoco es una detención “sin sustento”. Las “pruebas suficientes” y estándar en México no es tan bajo como afirman los prianistas y apátridas; se exige que los elementos permitan suponer la comisión del delito y la probable responsabilidad.
“La valoración política o crítica, no es un hecho jurídico objetivo”, concluyen los análisis de la inteligencia artificial sobre la campaña que se ha desatado en torno al caso con alta influencia de manoseo político.
La Fiscalía General de la República por supuesto que tiene funciones en el procedimiento: tramita la solicitud, puede emitir opinión jurídica y participa en las audiencias ante el juez federal del extraditable. El juez federal emite una opinión jurídica, no vinculante y la decisión final corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La Secretaría, que es el Gobierno federal, ya fijó postura en voz de su titular, quien no es otra que la Presidenta de la República, CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.
“Como Presidenta mi posición es: verdad, justicia y defensa de la soberanía, es decir, si la Fiscalía General de la República (FGR), que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”.
¿Vendrá la ultraderecha norteamericana a decirle a los mexicanos por quién votar? ¿Los ciudadanos de acá olvidarán los saqueos, agresiones, despojos y demás delitos cometidos por el prianismo a partir del intervencionismo extranjero como para volver a considerarlos en las urnas? En los comentarios que se dan dentro de las redes sociales sobre las intenciones aquellas hay muchas respuestas.
