JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
El Congreso en pleno salió otra vez al territorio. Dejó la solemnidad del recinto en Ciudad Victoria y se instaló en Matamoros. No es poca cosa. En tiempos donde la política suele encerrarse en sí misma, mover el Poder Legislativo al territorio fronterizo tiene carga simbólica y política.
El llamado Cuarto Congreso Itinerante presume cercanía y es una cercanía de fondo y forma. Trasladar curules y micrófonos no lo es todo.
Lo sustantivo está en lo que se discute, en lo que se aprueba y, sobre todo, en cómo impacta en la vida diaria de los tamaulipecos, en este caso los matamorenses.
Ahí es donde empiezan los hechos. Entre las reformas dictaminadas en esta jornada que será sometidas al pleno este miércoles, destaca la modificación a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
El diputado ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ impulsa la creación de un Consejo de Funcionarios de la Hacienda Pública. En teoría, la intención es profesionalizar y transparentar la relación financiera entre el estado y los municipios.
En la práctica, ese consejo será un espacio técnico de trabajo a favor de la sociedad, muy por encima de la arena de control político que caracterizaron esas prácticas de antaño. La coordinación fiscal no es un asunto menor.
Es dinero público que define prioridades, obras, servicios y también lealtades sociales. Cuando se habla de “optimizar colaboración”, hay que revisar quién coordina y bajo qué reglas.
¿Habrá mayor autonomía municipal o mayor centralización de orden administrativo? La historia pasada del país muestra que los equilibrios fiscales suelen tensarse cuando el poder se concentra, pero cuando este alcanza la transversalidad, los alcances se multiplican.
Otro punto relevante es la depuración de cuentas por cobrar de los organismos operadores de agua.
Tema espinoso, que ha motivado la censura de los entes fiscalizadores por los amplios márgenes de omisión pero que precisan un “borrón y cuenta nueva”, para dar paso a una nueva cultura de cumplimiento, que garantice la viabilidad en la prestación del servicio en tiempos cuando el vital líquido escasea con la llegada de los estados de estrés hídrico.
Los organismos de agua arrastran años de ineficiencia, cartera vencida y, en algunos casos, discrecionalidad. Limpiar números puede significar sanear finanzas, pero también implicar condonaciones selectivas o borrón contable sin rendición de cuentas que es lo que se trata de evitar en un nuevo orden.
En materia social, en este ensayo legislativo, se avanza en la armonización de la Ley para la Atención, Protección e Inclusión de Personas con Condición del Espectro Autista y Trastornos del Neurodesarrollo.
Ahí el Congreso toca una fibra sensible. Las familias que viven esta realidad no necesitan discursos; requieren diagnósticos oportunos, escuelas capacitadas y servicios de salud accesibles. Armonizar la ley es el primer paso.
El desafío es presupuestar y ejecutar. También se dictaminó fortalecer la libertad sindical y la autonomía de los trabajadores al servicio del Estado.
En un país donde los sindicatos han sido históricamente herramientas de control, hablar de procesos internos libres de presión suena bien; la autonomía no se decreta; se ejerce y mejor se hace cuando existe el andamiaje legal, que es voluntad política, para ello.
Cuando el poder político deja de intervenir en elecciones sindicales y en la vida interna de las organizaciones, se hace la diferencia; eso que no hace mucho era impensable se ha convertido en una realidad bajo el liderazgo estatal del Gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.
En el ámbito municipal, la creación de la “Autoridad del Centro Histórico de Tampico” abre otro debate. Los centros históricos son identidad y también negocio. Un organismo descentralizado puede ordenar, rescatar y promover.
De eso se trata otra vez; de poner los oficios públicos cerca de la sociedad, como garantes de la preeminencia del interés colectivo. La transparencia no es un eslogan; es una práctica diaria.
La donación de un terreno en Altamira al IMSS para un Centro de Educación y Cuidado Infantil parece, en principio, una buena noticia. En una entidad donde miles de madres y padres trabajadores enfrentan la falta de espacios seguros para sus hijos, un CECI es más que infraestructura: es oportunidad.
El Congreso Itinerante reafirma, como vemos, el compromiso con la transparencia y la cercanía. Llevar las sesiones a distintos municipios rompe la percepción de lejanía del Legislativo. Permite que los ciudadanos vean de frente a sus representantes.
La democracia no se fortalece con actos protocolarios, sino con diálogo y rendición de cuentas. Matamoros, ciudad fronteriza marcada por retos económicos y de seguridad, no es un escenario neutral. Es un mensaje. El Poder Legislativo se planta en un territorio que conoce de crisis y resiliencia.
Ahí, más que discursos, se trabaja por resultados. Los hechos son claros: reformas fiscales, ajustes administrativos, avances sociales y acuerdos municipales.
La política itinerante trasciende a la imagen y el dicho; tiene ante sí una oportunidad que convierte estos ejercicios en mecanismos reales de participación, dando un paso adelante en la narrativa de cercanía, modificando prácticas de opacidad y subordinación política, que fueron la constante de un pasado no muy lejano.
Recuperar la confianza en las instituciones parecía imposible hasta hace poco; hoy, cada movimiento cuenta y el Legislativo salió al encuentro de la ciudadanía. Ahí, en los resultados, se ven los hechos.
