JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
El país vuelve a sentir en carne propia los efectos de los bloqueos carreteros. Todos entendemos las causas del campo y nadie duda de la necesidad de que sus demandas se escuchen, pero también es cierto que cerrar las vías de comunicación golpea derechos fundamentales: el libre tránsito, el trabajo, la salud, la educación.
Ese daño, lo padecen justo quienes dicen defender los propagadores del caos. No es cosa menor, que reconocidos líderes campesinos y transportistas se hayan deslindado, mientras quienes convocaron, los voceros que empujaron los bloqueos, no provienen precisamente de la base productiva, sino de viejos cuadros partidistas ligados al PRI y al PAN.
La movilización parece todo, menos una exigencia sectorial y más bien se vé como un intento de reactivar estructuras ya superadas, más allá del clientelismo y el cochupo que privilegió canastas intermedias a costas del colectivo.
En el terreno real del campo, la estrategia institucional ha cambiado y ha sido en beneficio de las masas, principalmente. Con una visión de justicia social, se ha recuperado productividad y se ha rescatado a productores históricamente marginados, mediante los apoyos sociales y productivos, las obras y las políticas públicas aplicadas.
Los números no mienten: más de 234 millones de pesos estatales y 636 millones federales destinados a semillas, fertilizantes, capacitación y diésel subsidiado en 37 municipios, impulsando más de 74 mil hectáreas, a lo que se suman más de 10 mil millones de pesos destinados a infraestructura hídrica y otros 388 millones en desarrollo hidroagrícola.
El desfase entre precios de cosecha y precios internacionales, es un problema histórico que por décadas se parchó con soluciones coyunturales que beneficiaron a unos cuantos, como siempre, los más privilegiados, en perjuicio de varias generaciones de campesinos.
Consideraciones, como el hecho de que no es lo mismo un productor social, con cinco hectáreas o menos de cultivo, contra uno privado, o aun ejidatarios que en el norte trabajan cien y más hectáreas, además, con semillas mejoradas, tecnificación y riego, pasan por el amplio abanico de incidencias a tomar en cuenta.
Son millones de toneladas las que se cosechan, principalmente de granos, por las que, un pago compensatorio de mil pesos por tonelada, eleva a miles de millones el reto para el erario público, pero quieren 2 y hasta 3 mil pesos de subsidio, en esa demanda usada como moneda de cambio por la gobernabilidad, viabilidad y tranquilidad de todos los sectores económicos y productivos.
El abandono de las negociaciones con el gobierno federal y la radicalización de las manifestaciones, ayer se dijo en el pleno del Congreso Local, evidencia el manoseo del movimiento, caracterizado por el retiro de organizaciones independientes y la agitación de personajes ligados a la derecha, quienes han aparecido como convocantes.
Evidencian, aparte, el desconocimiento del campo, con declaraciones tan descabelladas como que durante siete años, los productores han atravesado por pérdidas económicas y caídas en la producción.
Tendrían que ser potentados económicos, para subsidiar siete años su trabajo e inversión y en esos escenarios catastróficos, además declararon que en los últimos siete años -durante el gobierno federal morenista- la superficie sembrada se duplicó -¿quién amplia o le entra a un negocio de pérdidas?-, mientras que la producción del país se redujo en el mismo plazo.
En el viejo sistema corporativo del prianato, las organizaciones campesinas guardaron silencio ante aquellos desequilibrios. Nunca paralizaron al país, nunca denunciaron los abusos que ahora dicen combatir.
Hoy, buscan incendiar la pradera bloqueando carreteras, puertos y cruces internacionales, sabiendo que eso no hará aparecer dinero para duplicar precios ya pagados.
Llevar las cosas al punto de amenazar la gobernabilidad no es una ruta aceptable ni para el campo ni para el país. Lo que urge es otra cosa: volver a la mesa, reconocer todos los factores en juego y construir acuerdos transparentes que garanticen una producción creciente y, sobre todo, una remuneración justa para los verdaderos productores.
Ahí está la discusión de fondo. ¿La queremos abordar o preferimos que el ruido de los bloqueos tape los hechos?
Durante la sesión plenaria del Congreso Local, ayer, se eligieron las dos ternas -el más conocido JESÚS GOVEA OROZCO-, entre los 39 aspirantes a Fiscal General del Estado, para enviarlas enseguida al Ejecutivo; este regresará solo una, a votar el sábado y en una semana más ya estará protestando el nuevo titular de la FGJE.
En “honores”, el Gobernador AMÉRICO reconoció el esfuerzo del equipo aéreo del Estado que “se la rifaron” llevando el apoyo del pueblo tamaulipeco a los damnificados de las lluvias en Veracruz.
El liderazgo y alcances de su gobierno han sido reconocido y agradecido por propios y extraños, incluidos los veracruzanos y su gobernadora, ROCÍO NAHLE, quienes recién sintieron el cariño y la solidaridad de los nuestros.
