El pasado viernes, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada y vinculó a proceso al fiscal General de Justicia de Morelos, Uriel Carmona Gándara. El funcionario enfrenta cargos por el delito de obstrucción de la justicia en relación con el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda, una joven de 27 años cuyo cuerpo fue encontrado en la carretera la Pera Cuautla en octubre del año pasado en la capital mexicana.
La audiencia judicial fue extensa, durando más de 14 horas, y concluyó en la madrugada del día siguiente. Durante la diligencia, el juez de control rechazó un amparo presentado por la defensa del fiscal contra su detención. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México afirmó que la inmunidad procesal no aplica en casos de fuero común como este feminicidio, dejando claro que la detención fue legal y procedente.
La fiscalía acusa a Uriel Carmona Gándara de entorpecer la investigación del caso, al emitir declaraciones que contradicen los resultados de una segunda necropsia realizada por la Fiscalía de la Ciudad de México. Mientras el funcionario sostenía que la muerte de Ariadna Fernanda fue producto de una broncoaspiración relacionada con una intoxicación alcohólica y no mostraba signos de violencia, la segunda necropsia concluyó que se trató de un feminicidio debido a un traumatismo múltiple en el cuerpo de la joven.
La vinculación a proceso del fiscal implica que el juez encontró elementos suficientes para llevarlo a juicio por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la investigación del feminicidio. El plazo para la investigación fue fijado en 30 días, y la próxima audiencia está programada para el 7 de septiembre.
Este caso ha generado gran interés y preocupación, ya que resalta la importancia de garantizar una investigación transparente y eficiente en casos de violencia de género y feminicidios. La sociedad demanda justicia para las víctimas y que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y sin obstaculizar el acceso a la verdad y la justicia en estos casos tan sensibles y trascendentes para la sociedad.