Esta estrategia de despojo le costó a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos, apuntó Octavio Oropeza director de Infonavit.
Ciudad de México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha presentado 28 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y alista 3 mil 380 carpetas de investigación por “corrupción y conflictos de interés” en contra de desarrolladores, constructoras, notarios públicos, ex funcionarios del instituto y coyotes, que despojaron de su patrimonio a más de 200 mil derechohabientes.
Así lo reveló Octavio Romero Oropeza, quien se convirtió en el primer director del Infonavit en presidir una Asamblea General con derecho de voz y voto.
Con ello se da inicio a una nueva etapa en el seno del organismo y se dejan atrás décadas en las que se “desvirtuó el verdadero espíritu del tripartismo” por parte de actores que hicieron “negocios privados” a costa de los acreditados.
En la 133 sesión ordinaria que se realizó este miércoles se designó a los 30 miembros de la Asamblea General; 12 del Consejo de Administración; nueve de la Comisión de Vigilancia, y tres del Comité de Auditoría.
El secretario del Trabajo, Marath Bolaños, tomó protesta a los integrantes de estos órganos colegiados, los cuales estarán conformados de manera tripartita por representantes del sector gobierno, de los trabajadores y empresarios.
Ante asambleístas representantes de los sectores obrero y patronal, Romero Oropeza señaló que debido a las “alianzas corruptas” entre autoridades y funcionarios de administraciones anteriores, en complicidad con despachos, constructoras y otros actores, permitieron que se otorgaran múltiples créditos para una misma vivienda, “dieron lugar a las ventas sucesivas” de inmuebles.
También, producto del contubernio con jueces, funcionarios de los poderes judiciales estatales y notarías, se demandó a más de 373 mil derechohabientes, quienes sin ser notificados fueron despojados de su patrimonio por medio de juicios masivos ilegales.
Esta estrategia de despojo le costó a los trabajadores más de 29 mil millones de pesos, apuntó.
