Grupos defensores de inmigrantes y el condado de El Paso mantienen su oposición legal a la medida.
En un giro significativo en la política migratoria, la administración del presidente Donald Trump ha decidido retirar la demanda federal que impugnaba la controvertida ley SB4 de Texas.
Esta legislación, promulgada en 2023 bajo el mandato del gobernador republicano Greg Abbott, otorga a la policía local la facultad de arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país.
La ley SB4 convierte el cruce irregular de la frontera en un delito estatal, con penas que oscilan entre seis meses y 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias.
Además, autoriza a los jueces a ordenar la deportación de los migrantes condenados y permite la entrega de familias a la Patrulla Fronteriza para evitar su separación.
Inicialmente, la administración del presidente Joe Biden había presentado una demanda argumentando que la SB4 era inconstitucional y usurpaba la autoridad federal en materia de inmigración.
Esta acción legal había bloqueado temporalmente la implementación de la ley. Sin embargo, con la reciente decisión del Departamento de Justicia de retirar la demanda, la ley ha entrado en vigor, permitiendo a las autoridades estatales proceder con los arrestos bajo esta normativa.
A pesar de este avance, la ley SB4 enfrenta resistencia. El condado de El Paso y organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, como American Gateways y Las Americas Immigrant Advocacy Center, continúan impugnando la medida en los tribunales, con el respaldo del Texas Civil Rights Project.
Estos grupos argumentan que la ley promueve la discriminación racial y socava la autoridad federal en la gestión de la inmigración.
Los legisladores de Texas defienden la SB4 como una respuesta necesaria ante lo que perciben como inacción del gobierno federal respecto a la crisis migratoria en la frontera sur. Sostienen que la ley es una herramienta crucial para garantizar la seguridad y el orden en el estado.
