El gobierno de Donald Trump ha ordenado a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y a la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO) utilizar sus capacidades de vigilancia satelital para monitorear la frontera con México. Esta medida se enmarca en la estrategia de la administración estadounidense para frenar la inmigración irregular y el narcotráfico.
La NGA y la NRO, que operan bajo el Departamento de Defensa, supervisan los satélites espía y analizan las imágenes obtenidas para el Pentágono y otras agencias de inteligencia. La decisión de Trump representa una creciente militarización de la frontera sur, declarada como zona de emergencia nacional por su administración.
Reuters informó que, aunque no se han revelado detalles sobre si la vigilancia abarcará territorio estadounidense, la NGA ha creado un grupo de trabajo para coordinar su apoyo a la «misión fronteriza de Estados Unidos». Por su parte, la NRO afirmó que trabaja con la comunidad de inteligencia y el Pentágono para asegurar la frontera.
Trump ha impulsado diversas medidas para reforzar el control fronterizo, incluyendo la implementación de inteligencia artificial y drones para la vigilancia. Ahora, con la incorporación de tecnología satelital de reconocimiento, el gobierno busca mejorar la identificación de cruces irregulares y actividades ilegales en la región.
Sin embargo, el uso de estos recursos militares genera preocupación entre expertos en seguridad y derechos civiles, quienes advierten que el monitoreo podría implicar riesgos para la privacidad de los ciudadanos estadounidenses. Aunque la legislación limita la recopilación de información dentro del territorio nacional, existen exenciones para registros en un radio de 100 millas náuticas desde la frontera, abarcando ciudades como San Diego y El Paso.
El gobierno no ha aclarado si la vigilancia incluirá el seguimiento de ciudadanos dentro de Estados Unidos. La Oficina del Director de Inteligencia Nacional aseguró que todas las operaciones cumplen con la ley y respetan la privacidad de los ciudadanos, pero no brindó detalles sobre el alcance del operativo. La controversia sobre el uso de tecnología de espionaje para la seguridad fronteriza sigue creciendo, mientras se espera una mayor fiscalización del Congreso sobre estas prácticas.