El gobierno de Donald Trump ordenó el cierre de las investigaciones federales por violencia policial que habían sido abiertas tras los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor, dos de los casos más emblemáticos de brutalidad policial contra afroamericanos en Estados Unidos. Esta decisión del Departamento de Justicia, ahora bajo control del nuevo mandato de Trump, representa un giro radical respecto a las políticas de derechos civiles impulsadas durante la administración de Joe Biden. Las demandas federales presentadas en su momento contra los departamentos de policía de Mineápolis y Louisville por prácticas discriminatorias y uso excesivo de la fuerza han sido retiradas oficialmente, argumentando que se basaban en «metodologías defectuosas y datos incompletos».
La revocación de estas investigaciones fue calificada como una “bofetada en la cara” por Ben Crump, abogado de derechos civiles que representa a las familias de las víctimas. Para él, esta medida no solo revictimiza a quienes perdieron a sus seres queridos a manos de la policía, sino que también desacredita años de lucha por la rendición de cuentas institucional. Según el comunicado del Departamento de Justicia, las reformas iniciadas por los propios departamentos policiales tras los incidentes “exceden lo que estipulan las demandas”, una afirmación que fue rechazada por activistas y defensores de derechos humanos.
El retiro de estas demandas genera alarma también porque el gobierno federal anunció que revisará casos similares en otras cinco jurisdicciones, entre ellas Phoenix, Memphis y el estado de Luisiana. Para muchos observadores, esto revela un patrón sistemático de desmantelamiento de políticas antidiscriminatorias que se habían consolidado tras las protestas de 2020. El gesto político de Trump no solo es interpretado como un retroceso legal, sino como una provocación ideológica dirigida a sus bases más conservadoras, que han criticado las reformas policiales por considerarlas excesivas.
Este nuevo capítulo en la gestión trumpista aviva la polarización social y coloca en duda el compromiso del gobierno federal con la justicia racial. A medida que el país se acerca a un nuevo ciclo electoral, las decisiones como esta podrían marcar profundamente la agenda pública, en la que los derechos civiles vuelven a ocupar un lugar central.
