En un golpe sin precedentes al sistema educativo estadounidense, la Administración de Donald Trump revocó con efecto inmediato la certificación federal que permitía a la Universidad de Harvard admitir estudiantes extranjeros. La medida, anunciada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, paraliza el ingreso de nuevos alumnos internacionales y obliga a los 6 mil 800 ya inscritos a transferirse a otras instituciones o abandonar el país, según lo estipulado por el Departamento de Seguridad Nacional.
Esta decisión fue justificada por la negativa de Harvard a entregar registros de alumnos presuntamente involucrados en protestas propalestinas o actos calificados como “peligrosos”, pese a las presiones del gobierno desde abril. La Casa Blanca acusó a la universidad de fomentar el antisemitismo y de colaborar con intereses extranjeros, y afirmó que acoger estudiantes internacionales es “un privilegio, no un derecho”.
El impacto es severo: los extranjeros representan el 27% del alumnado y generan ingresos clave para el financiamiento institucional, ya que pagan matrículas completas. La medida también coincide con el congelamiento de más de 2 mil millones de dólares en subsidios federales y la amenaza de revisar su estatus fiscal. Harvard, que ya había demandado a la administración por presiones políticas, planea una nueva acción judicial para frenar la revocación, alegando violaciones al debido proceso y a la privacidad estudiantil.
Analistas temen un efecto dominó, con una posible fuga de talento hacia otros países como Canadá o Reino Unido. Mientras tanto, universidades como Yale y Stanford observan con preocupación, ante el temor de ser las siguientes en la lista de represalias del gobierno. La medida, además de polarizar a la comunidad académica, refuerza el discurso electoral de Trump, que ha colocado a instituciones como Harvard en el centro de su cruzada contra la supuesta “élite liberal” estadounidense.
