La ciudad de Los Ángeles se encuentra en medio de una creciente tensión social tras el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Donald Trump en respuesta a tres días de protestas contra redadas migratorias. La medida fue aplicada sin el consentimiento del gobernador de California, Gavin Newsom, quien denunció que el gobierno federal no notificó ni solicitó su aprobación, como establece la ley. Unos 300 soldados comenzaron a arribar al centro de la ciudad desde la madrugada del domingo, con la promesa presidencial de imponer “una muy severa legalidad y orden”. La Casa Blanca confirmó el envío de hasta 2 mil efectivos, en la que sería la primera movilización de este tipo sin petición estatal desde 1965.
La administración Trump justificó la acción con el argumento de que las autoridades locales han sido incapaces o poco dispuestas a mantener el orden público. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, respaldó el movimiento, al igual que otros legisladores republicanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien afirmó que la Guardia Nacional está entrenada para controlar manifestaciones. En contraste, el gobernador Newsom, junto con otros líderes demócratas, calificó el despliegue como una provocación deliberada y un abuso de poder, advirtiendo que podría escalar las tensiones sociales. El gobernador incluso solicitó al Departamento de Defensa que devuelva el control de la Guardia Nacional al estado.
La vicegobernadora Eleni Kounalakis declaró que se estudia presentar una demanda contra el gobierno federal por intervenir sin autoridad. Por su parte, el zar de seguridad fronteriza, Tom Homan, sugirió arrestar a Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, si continúan resistiéndose a las acciones federales. Además, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, planteó la posibilidad de desplegar marines en servicio activo. Expertos como Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, alertaron sobre el carácter inédito y preocupante de esta decisión presidencial, que revive fantasmas de represión federal sin precedentes recientes.
