El Congreso de Estados Unidos prohibió oficialmente el uso de WhatsApp en todos los dispositivos de la Cámara de Representantes debido a preocupaciones por su nivel de seguridad. Un memorándum interno, firmado por el director administrativo y difundido este lunes entre el personal legislativo, establece que la aplicación propiedad de Meta Platforms representa un “riesgo alto” para la ciberseguridad institucional. Según el comunicado, la Oficina de Ciberseguridad detectó que WhatsApp no es completamente transparente respecto a cómo protege los datos, carece de cifrado robusto en la información almacenada y expone a los usuarios a potenciales vulnerabilidades.
En lugar de WhatsApp, el documento recomienda el uso de plataformas consideradas más seguras, como Microsoft Teams, Wickr (de Amazon), Signal, iMessage y FaceTime (estas últimas de Apple). La empresa Meta no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la medida. Esta decisión se suma a una tendencia creciente dentro del gobierno estadounidense para reforzar los protocolos de seguridad digital ante posibles ciberamenazas externas o internas. Aunque WhatsApp cuenta con cifrado de extremo a extremo en los mensajes en tránsito, sus copias de seguridad en la nube no están protegidas de la misma forma, lo que ha generado múltiples advertencias por parte de expertos en seguridad.
El Center for Strategic and International Studies (CSIS) ha señalado en diversas ocasiones que las aplicaciones sin control directo sobre el almacenamiento y el cifrado pueden representar un riesgo considerable para las instituciones gubernamentales. De hecho, organismos como el Departamento de Defensa ya han implementado restricciones similares sobre el uso de aplicaciones de mensajería que no permiten auditoría interna o verificación del cifrado. Herramientas como Signal y Wickr ofrecen un nivel superior de seguridad al permitir mayor trazabilidad de metadatos y control del flujo de información, razón por la cual fueron incluidas como opciones seguras para el personal legislativo.
Esta medida refleja una creciente preocupación en el Congreso ante las amenazas digitales en constante evolución y evidencia la necesidad de fortalecer la protección de las comunicaciones oficiales. A medida que avanza el debate sobre privacidad y seguridad en entornos gubernamentales, esta prohibición marca un precedente que podría extenderse a otras instituciones federales.
