El paro laboral en el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha llevado a que los legisladores en la Cámara de Diputados aceleren la aprobación de la reforma judicial, que ahora se prevé sea discutida y votada entre el 2 y 3 de septiembre. Este cambio en el calendario, inicialmente planeado para el 15 de septiembre, fue impulsado por la presión ejercida por los trabajadores, jueces y magistrados del PJF, quienes han paralizado actividades en varios estados como respuesta a las reformas propuestas por Morena.
Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena, ha sido enfático en que las protestas no detendrán el avance de la reforma. Monreal y otros líderes del partido, como Ignacio Mier, han subrayado que la reforma es un mandato popular y que no se dejarán influenciar por presiones, ya que consideran que la reestructuración del Poder Judicial es esencial para mejorar la impartición de justicia en México.
Sin embargo, el paro laboral ha generado preocupaciones sobre las posibles consecuencias económicas y sociales de la reforma. México Evalúa ha advertido sobre el riesgo de que la independencia judicial se vea comprometida y ha señalado los elevados costos económicos que podría acarrear la implementación de la reforma. La organización subraya que la elección de jueces por voto directo podría abrir la puerta a presiones externas, poniendo en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales.
A pesar de estas advertencias y de las protestas que se extienden a nivel nacional, la mayoría de Morena en el Congreso sigue firme en su determinación de avanzar con la reforma. La resistencia dentro del PJF, que incluye a jueces, magistrados y trabajadores, continúa, pero los líderes legislativos han dejado claro que el diálogo ha llegado a su fin y que es momento de legisl
