El gobierno de México presentó este martes sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos en la demanda contra fabricantes y distribuidores de armas, acusándolos de prácticas comerciales negligentes que facilitan el tráfico ilegal de armamento hacia territorio mexicano. Este litigio, iniciado en 2021 ante una Corte Federal en Boston, busca responsabilizar a la industria armamentista por la violencia derivada de sus productos en México.
La audiencia se llevó a cabo en un contexto clave, ya que la Suprema Corte deberá determinar si estas empresas gozan de inmunidad bajo la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense. En 2023, México logró una victoria importante cuando la Corte de Apelaciones para el Primer Circuito permitió que la demanda avanzara, superando así la protección legal otorgada a la industria armamentista por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas de EE.UU.
Durante su intervención, el gobierno mexicano argumentó que las acciones y omisiones de estas empresas contribuyen al tráfico ilegal de armas, las cuales terminan en manos de grupos criminales en México. Destacó que el país tiene estrictas leyes sobre posesión de armas y que solo existe un punto de venta legal en toda la nación, pero que los cárteles han obtenido armamento capaz de derribar helicópteros y rifles de alto calibre como los AR-15.
El consultor jurídico de la SRE, Pablo Arrocha Olabuenaga, reafirmó la postura mexicana, señalando que este caso no atenta contra el derecho de los estadounidenses a portar armas, sino que busca frenar el tráfico ilegal de éstas hacia México. Agregó que la presidenta Claudia Sheinbaum se ha comprometido a combatir este problema cerrando el flujo de armas a través del Río Bravo, una medida que beneficiaría tanto a México como a Estados Unidos.
En respaldo a la demanda, se presentaron nueve escritos “amigos de la corte” de legisladores, autoridades estadounidenses, académicos y organizaciones civiles. Los abogados que representan a México en este litigio son Jonathan Lowy, presidente de la organización Global Action on Gun Violence, y Steve Shadowen. Los argumentos orales fueron expuestos por la abogada Cate Stetson.
México confía en la solidez de su postura y en que la Suprema Corte sentará un precedente que obligue a la industria armamentista estadounidense a modificar sus prácticas, reduciendo así el flujo de armas ilegales que alimentan la violencia en el país.
