JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
Hace unos días, tres funcionarios de la Delegación tamaulipeca de la Fiscalía General de la República, con base en Reynosa, fueron consignados por la presunta comisión de delitos contra la administración de la justicia.
Por el mismo delito -más los que se acumulen- y por esas fechas también, el Tribunal de Disciplina Judicial de la federación, anunció la vinculación a proceso del ex juez federal de distrito asentado en Reynosa, JUAN FERNANDO ALVARADO LÓPEZ.
Los agentes de la Fiscalía Federal estarían inmiscuidos en un intento por desviar las indagatorias en torno del llamado huachicol fiscal; JUAN FERNANDO LÓPEZ en el otorgamiento de amparos y mandamientos judiciales para proteger al exgobernador prófugo y sus compinches.
¿Qué pasó luego de aquellas medidas profilácticas en los ámbitos de la procuración y la administración de la justicia de nuestro país ubicadas en Tamaulipas? Por un lado, la Presidenta de la República CLAUDIA SHEINBAUM pidió al gobierno norteamericano reciprocidad en eso de las extradiciones, porque de aquí para allá se han mandado cientos de presuntos delincuentes requeridos por ellos, mientras los pocos que se han podido de allá para acá siguen evadidos de la justicia mexicana.
Y por el otro, en San Pedro, Nuevo León, fue aprehendido una pieza clave dentro del andamiaje operativo para la multimillonaria defraudación fiscal, a partir del robo y tráfico de combustibles de contrabando que no pagan impuestos, también conocido como el “huachicol fiscal”. Ambos temas, ambas acciones, a querer o no, se encuentran íntimamente ligadas.
Ayer que al gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA le preguntaron por eventuales repercusiones derivadas de la captura aquella, este volvió a celebrarlo, porque se trata de un acto de justicia, pero, especialmente, porque de ahí están saliendo los verdaderos huachicoleros.
No lo dijo con todas sus letras, pero se infiere, finalmente, la narrativa que su antecesor, el evadido de la justicia ha animado, acusando a MORENA y sus gobiernos, de los delitos que él protagonizó y animó, quedarán plenamente evidenciados, poniéndose en la ruta del castigo justo y necesario.
“Mefra Fletes”, una de las empresas usadas por el recién detenido, en relación con los decomisos de miles de millones de litros de combustibles en Barcos anclados en Tampico y Baja California, cuenta la historia en forma generosa.
En 2019, el año en qué CABEZA DE VACA se inventó un sistema de administración fiscal propio, la empresa de origen jaliciense fue comprada por los cabecillas de la banda huachicolera, teniendo como apoderado legal a JOSÉ ISABEL MURGUÍA, el hermano del alcalde de Teuchitlán, en los tiempos de esplendor del Rancho Izaguirre.
Está documentada la compra por esa empresa de 100 trayecto-pipas en el mes de enero del 2020, un mes antes de que CABEZA pusiera en vigor su ley fiscal, que estrenó con la simulada detención de tres de esas unidades, después de las que, ya nada pasó.
Trascendidos señalan que el gobierno panista pronto llegó a acuerdos con esos grupos delincuenciales, cobrando cuotas por el libre tránsito de las pipas del huachicol, así como promovió otra ley, para exigir un porcentaje del cobro que ellos hacían por el cruce de transmigrantes por territorio tamaulipeco.
Versiones publicadas en medios nacionales (Norte-Reforma) mencionan el nombre del exsecretario general de gobierno, CÉSAR VERASTEGUI OSTOS, como quien se encargaba de cobrar las cuotas.
Los detenidos en torno al huachicol fiscal en cantidades industriales tienen mucho que decir sobre la forma como nacieron y se multiplicaron, exponencialmente, al cobijo del gobierno de CABEZA DE VACA.
Señalar los cientos o miles de millones de pesos o dólares, que le pagaron por dejarlos traficar y cobrar cuotas a placer, para comprar impunidad y darse la vida de lujos que mantiene en el vecino país del norte. Los Hechos, ya obran en autos, dentro de las instancias jurisdiccionales.
