José Inés Figueroa Vitela
La reciente detención de OCTAVIO LEAL MONCADA, identificado como dirigente de la llamada Columna “Pedro J. Méndez”, estuvo acompañada de quienes fingen sorpresa.
La agrupación cobró relevancia política durante el proceso electoral de 2016, cuando terminó convertida en un factor de operación territorial al servicio del entonces candidato panista a la gubernatura FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y su partido, el PAN.
Las denuncias formales existieron y permanecen en fiscalías y tribunales desde entonces, cuando el PRI y el PRD las formularon, antes de las posteriores alianzas políticas que firmaron y mantuvieron por buen tiempo.
Durante aquellos años, quedaron ampliamente documentadas las presiones sobre candidatos, dirigentes partidistas y estructuras electorales en diversos municipios del centro del estado, hasta donde el pasado sexenio concedió dominio a aquellos.
También fue evidente la cercanía política que alcanzó la organización, al grado de llevar una representación propia al Congreso mediante una diputación impulsada por el PAN, en NOHEMÍ ESTELLA LEAL, la sobrina del líder de la organización presentada en su tiempo como “autodefensas”.
Algo que no ocurrió en las elecciones de 2022, desde que no se tiene presencia en la Legislatura de alguna representación de esa naturaleza. Por eso llama la atención que el exgobernador pretenda ahora reivindicar antiguas advertencias sobre la Columna Armada.
Las denuncias que hoy recuerda en redes sociales definitivamente no borran los años en que ese grupo creció, operó y adquirió influencia política precisamente durante su administración, desde las vísperas de su elección.
La memoria sirve cuando es completa; cuando sólo rescata los episodios convenientes, deja de ser memoria para convertirse en estrategia, torpe y descarada, por cierto. Y los números, como las hemerotecas, tienen la mala costumbre de no olvidar.
Al cierre del periodo ordinario de sesiones del Congreso Local, el pleno legislativo votó ayer el paquete de cuentas públicas del ejercicio 2024 de los entes públicos municipales y del Estado. Las cuentas hablan con números.
La Auditoría Superior del Estado entregó 199 dictámenes correspondientes al ejercicio fiscal 2024 de los que, 109 obtuvieron resultado de cumplimiento y 90 no lo hicieron.
En las auditorías financieras, incluso, los incumplimientos fueron mayoría: 83 contra 79; ese es el reflejo de que todavía persisten inercias administrativas que siguen costando millones al erario, hasta en el papel. Los municipios concentran buena parte de esas observaciones.
Veintinueve ayuntamientos deberán solventar irregularidades por alrededor de 2 mil 793 millones de pesos, dentro de un universo auditado superior a los 14 mil 400 millones.
El complemento principal se encuentra en las COMAPAS, que acumulan observaciones por arriba de los 11 mil 300 millones de pesos entre organismos estatales y municipales. Una cifra que en principio obliga a revisar mucho más que simples expedientes contables.
El auditor FRANCISCO NORIEGA recordó una realidad incómoda: si los organismos no cobran el servicio, terminan inevitablemente en la quiebra; la inoperancia se complementa en históricos lastres que deberán ventilarse a la luz de la transformación.
No basta exigir transparencia; también hace falta eficiencia -perdida en los vicios del viejo sistema prianista- e inevitablemente, viabilidad financiera. Hay, además, un dato político que algunos intentarán pasar por alto.
La cuenta pública 2024 evalúa nueve meses de los gobiernos municipales salientes y apenas tres de las administraciones actuales. En municipios como Padilla, Jiménez, Bustamante y San Fernando, la totalidad de las observaciones corresponde al trienio anterior.
En Matamoros, Tampico y Ciudad Madero, la proporción también recae mayoritariamente sobre quienes ya dejaron el cargo. Conviene recordarlo antes de repartir culpas con ligereza. Porque la memoria suele ser selectiva. Si lo sabremos aquí.
