A solicitud de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la Cámara de Diputados aprobó ayer aplazar por cinco meses la tercera etapa de implementación de la reforma laboral con la cual iniciarán funciones los centros de conciliación y los tribunales laborales en 11 entidades y, de manera paulatina, desaparecerán las juntas de conciliación. El vencimiento de la transición está estipulado para el 1 de mayo de este año, la prórroga lo amplía hasta el 3 de octubre.
El retraso se debe a “problemáticas asociadas a calendarios presupuestales, así como de obra y equipamiento para habilitar la infraestructura” de las nuevas instituciones, argumentó la diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) ante el pleno de la Cámara Baja.
El aplazamiento para el inicio de las operaciones de las nuevas autoridades laborales es para 11 entidades federativas: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Este grupo comprende los estados de mayor conflictividad laboral, de acuerdo con el dictamen. Además, se incluye una prórroga al funcionamiento de las instituciones locales en Baja California, Baja California Sur y Guerrero.
Por 447 votos a favor y 16 en contra, el pleno modificó el artículo Quinto transitorio de la reforma laboral, el cual indica el plazo máximo de tres años para la última fase, es decir, el 1 de mayo de 2022. El proyecto pasó a su revisión al Senado.
En 2019, el Congreso reformó el modelo de justicia para el mundo del trabajo. Desde hacía un siglo los conflictos los juzgaba y resolvía el Poder Ejecutivo; las juntas de conciliación y arbitraje recibían las denuncias, intentaban mediar entre trabajadores y empleadores y, si no se ponían de acuerdo, decidían a quién darle la razón.
Luego de décadas de insistencia de laboralistas, personas defensoras de derechos humanos laborales, especialistas de la academia, sindicalistas y activistas, el Congreso separó los procesos. Decretó la desaparición de las juntas, sustituyéndolas por centros de conciliación, figuras que tendrán que velar por la mediación como requisito prejudicial. Si en dicha instancia las partes no llegan a un acuerdo, los asuntos pasan a los tribunales laborales, los cuales no existían y serán administrados por el Poder Judicial. Con este esquema se busca reducir la resolución de conflictos laborales a un máximo de seis meses.
Las otras etapas del proceso
Para la transición, el Consejo de Coordinación para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral estableció tres etapas. Las dos primeras ya se cumplieron.
El 8 de febrero pasado, Luisa María Alcalde Luján, titular de la STPS y presidenta del consejo coordinador para la reforma, solicitó a la Cámara de Diputados modificar el artículo Quinto transitorio y establecer como nuevo plazo el 3 de octubre “con el objetivo de que las entidades federativas cuenten con las condiciones materiales y financieras necesarias para la adecuación, equipamiento, habilitación e inicio de funciones de las nuevas instituciones laborales locales que comprenden la tercera etapa”.
Previamente, a inicios de diciembre de 2021, la secretaria encabezó la primera reunión con autoridades de las 11 entidades federativas que conforman el último grupo. Sin embargo, en enero de este año, acordaron aplazar cinco meses la inauguración de los centros y los tribunales.
La primera etapa arrancó el 18 de noviembre de 2020 en los estados de Campeche, Chiapas, Durango, Estado de México, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.
“Esto es un cambio también profundo, estructural, porque la justicia laboral va a depender del Poder Judicial, ya no es sólo la participación del sector obrero, del sector empresarial y del Ejecutivo, que a veces era el poder de los poderes. Ahora es un tribunal independiente del Poder Judicial; esto fortalece la división, el equilibrio entre los poderes”, dijo entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La segunda fase, en “las entidades de que registran una conflictividad laboral media”, según señala el dictamen, se aplazó un mes. Comenzó el 5 de noviembre en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y Guerrero.
La diputada Susana Prieto Terrazas (Morena) presentó una reserva en contra de la prórroga, proponiendo dejar la fecha final para el 2 de mayo próximo. Aseguró que el atraso dejará un vacío de autoridad. En el norte del país, donde se encuentra la mayor parte de los contratos colectivos de trabajo de protección, dijo, hay un fervor por no legitimarlos y expresar su hastío por los viejos sindicatos. Pero “con este nuevo plazo no tendrán a quien solicitar la impartición de justicia”.
Su reserva fue desechada, sin embargo, pidió a sus compañeros y compañeras a enviar oficios a la STPS y exhortar a su titular “a que agilice impartición de justicia en el norte del país”.
