Agencias
Texas.- Se ha convertido en un patrón luctuoso. Tras los tiroteos masivos, los legisladores de muchos estados han hecho balance de lo sucedido y han votado a favor de aprobar leyes de control de armas para tratar de evitar nuevos derramamientos de sangre.
En Colorado, la Legislatura aprobó la comprobación universal de antecedentes en 2013 después de que un tirador en un cine de Aurora matara a 12 personas. Después de que 58 personas murieran tiroteadas durante un concierto en Las Vegas en 2017, la Legislatura de Nevada aprobó una ley de bandera roja que permite a un juez ordenar que se retiren las armas a las personas consideradas una amenaza.
Y en Florida, en 2018, el entonces gobernador Rick Scott firmó un proyecto de ley que elevaba a 21 años la edad mínima para comprar un arma de fuego después de que un adolescente con un rifle semiautomático abriera fuego en un instituto de Parkland, matando a 17 personas.
Pero no en Texas
En las últimas seis décadas, el estado ha experimentado al menos 19 tiroteos masivos que han matado a un total de casi 200 personas y herido a más de otras 230.
Sin embargo, los líderes del estado han rechazado repetidamente las medidas que limitarían el acceso a las armas, optando en su lugar por suavizar las restricciones sobre su porte público y dificultando su regulación por parte de los gobiernos locales.
Mientras la Legislatura estatal se reúne por primera vez desde el tiroteo en la escuela de Uvalde el pasado mes de mayo, los legisladores han vuelto a presentar una serie de proyectos de ley sobre el control de armas.
Si la historia es un indicador, y los principales líderes legislativos predicen que lo será, es poco probable que se aprueben.
Un análisis realizado por ProPublica y The Texas Tribune de cientos de proyectos de ley presentados en la Legislatura de Texas durante casi las últimas seis décadas encontró que al menos dos docenas de medidas habrían impedido que la gente obtuviera legalmente las armas, incluyendo rifles de asalto y cargadores de gran capacidad, utilizados en siete de los tiroteos masivos del estado.
Al menos cinco proyectos de ley habrían exigido que las personas que quisieran obtener un arma se sometieran a una comprobación de antecedentes.
Una comprobación de este tipo habría impedido que el hombre implicado en un tiroteo en 2019 en Midland y Odessa comprara legalmente el arma porque se había considerado que padecía una enfermedad mental.
Y al menos dos proyectos de ley habrían elevado la edad legal para poseer o comprar un arma de asalto de 18 a 21 años, lo que habría hecho ilegal que el tirador de Uvalde comprara los rifles de asalto semiautomáticos.
