El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha advertido que el próximo proceso electoral 2023-2024 en México será uno de los más disputados de la historia, debido a la intensa competencia y la relevancia de los cargos en juego. Para hacer frente a esta situación, el TEPJF ha solicitado un presupuesto sustancial para el año 2024.
En su justificación de presupuesto, el TEPJF anticipa la posibilidad de recibir más de 18,000 impugnaciones en el próximo proceso electoral. Para abordar esta alta demanda, planea contratar 634 empleados eventuales de enero a octubre de 2024, lo que supondría un gasto de 890 millones de pesos. Esto permitirá manejar los asuntos relacionados con las elecciones federales y de gobernador en nueve estados de manera eficiente.
El tribunal ha observado un aumento constante en el número de demandas en años anteriores, y hasta el 28 de junio ya había recibido 184 demandas. Estas demandas se relacionan principalmente con denuncias de violaciones a la normativa electoral, como promoción personalizada, propaganda gubernamental y uso indebido de recursos públicos. Se espera que las demandas aumenten durante los procesos de selección de candidatos y después de la jornada electoral.
Además de la contratación de personal temporal, el TEPJF ha presupuestado 84.7 millones de pesos para posibles recuentos de votos y 70 millones de pesos para programas especiales de comunicación social, acompañamiento a observadores y visitantes extranjeros.
El magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, enfatizó la importancia de contar con un presupuesto adecuado para garantizar que el tribunal pueda cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales. A pesar de los recortes presupuestarios en años anteriores, el tribunal ha logrado cumplir con sus responsabilidades, y se espera que la Cámara de Diputados apruebe el presupuesto necesario para el 2024.
El TEPJF se prepara para un proceso electoral desafiante en 2023-2024 y busca asegurar los recursos necesarios para abordar un gran número de impugnaciones y garantizar un proceso electoral justo y transparente en México.
