Ayer por la tarde, un juez federal impidió temporalmente que la administración de Biden pusiera fin a la orden de salud pública del Título 42 el 23 de mayo, impidiendo que el gobierno tomara una medida que había suscitado una importante oposición republicana y demócrata, por temor a que agravara la crisis fronteriza.
El juez Robert Summerhays, del Distrito Oeste de Luisiana, concedió una orden judicial preliminar sobre el plan de la administración Biden de poner fin a la orden el 23 de mayo.
Fue en respuesta a una demanda de dos docenas de estados republicanos, encabezados por Arizona, Luisiana y Missouri.
Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) habían anunciado en abril que la orden, utilizada desde marzo de 2020 para expulsar a la mayoría de los migrantes en la frontera sur debido a la pandemia del COVID-19, expiraría a finales de mayo.
“Después de considerar las condiciones actuales de salud pública y una mayor disponibilidad de herramientas para luchar contra el COVID-19 (como vacunas y terapéuticas altamente efectivas), el director de los CDC ha determinado que ya no es necesaria una orden que suspenda el derecho a introducir migrantes en Estados Unidos”, dijo la agencia.
La medida provocó la indignación tanto de demócratas como de republicanos, que advirtieron que la medida provocaría un aumento de la inmigración ilegal en la frontera y la entrada de más personas en Estados Unidos.
El DHS ha reconocido estas preocupaciones, diciendo que está planeando recibir hasta 18.000 personas al día. Sin embargo, también ha dicho que cree que con el tiempo reducirá el número de personas que se encuentran en la frontera cuando vuelva a aplicar sanciones penales para los cruces fronterizos repetidos.
Varios demócratas moderados se unieron a los republicanos para firmar una legislación que impida a la administración levantar la orden hasta 60 días después de que los CDC digan que la emergencia nacional por el COVID-19 ha terminado.
ESA LEGISLACIÓN AÚN NO SE HA VOTADO EN EL SENADO.
La demanda republicana, que buscaba la orden judicial, alegaba que el levantamiento de la orden violaba la Ley de Procedimientos Administrativos, que exige un periodo de notificación y comentario y también prohíbe las medidas consideradas “arbitrarias y caprichosas”.
