Argentina ha anunciado la implementación de un reglamento que amplía el uso de armas por parte de todas las fuerzas federales, permitiendo responder a situaciones violentas y someter a delincuentes que se resisten o intentan huir. Esta decisión surge en el contexto de una creciente violencia narcocriminal, particularmente evidente en la ciudad de Rosario.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que el uso de armas estará justificado en casos de peligro inminente para la vida de los agentes o de ciudadanos ante ataques de criminales, delincuentes, mafiosos o narcotraficantes. Esta medida se ha tomado en respuesta a recientes actos de violencia en Rosario, que las autoridades han calificado como «actos de terrorismo» perpetrados por bandas narcocriminales.
Además, se anunció la adquisición de pistolas eléctricas Taser de Estados Unidos y la compra en proceso de armas Byrna, de uso civil. Este nuevo reglamento, que se publicará próximamente en el boletín oficial, reemplaza disposiciones anteriores y establece un único protocolo de actuación para las fuerzas federales en lo que respecta al uso de armas.
La decisión de flexibilizar el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad también se enmarca en un contexto de creciente conflicto social y protestas frecuentes contra las políticas del gobierno, que busca abordar una inflación de más del 276% interanual en febrero mediante ajustes fiscales.
Esta medida se suma a una reciente flexibilización otorgada a la Prefectura Naval, que desde principios de febrero puede emplear armas de fuego de largo alcance. Bullrich explicó que esta ampliación también se aplica a las otras cuatro fuerzas federales.
En el pasado, el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina ha generado controversia, como el caso en 2017 de un joven de 18 años que fue baleado por la espalda por un agente mientras huía después de haber robado a un turista estadounidense en Buenos Aires.
La decisión de ampliar el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina refleja la urgencia percibida por el gobierno para abordar la creciente ola de violencia y delincuencia en el país, así como las crecientes tensiones sociales.
