El 74.9 por ciento de las adolescentes que resultan embarazadas terminan abandonando sus estudios, revelaron diputados del Partido Acción Nacional (PAN).
Ante lo preocupante de esa estadística, el legislador Félix Fernando García Aguiar presentó una iniciativa de decreto que plantea diversas reformas a la Ley de Educación, para facilitar a las embarazadas el acceso o continuidad de sus estudios, y además sancionar a quienes las obstaculicen.
“El rezago educativo está presente en 74.9 por ciento de las adolescentes con antecedente de embarazo, es decir, no continúan sus estudios por diversas causas, entre las que se encuentra presente la discriminación de la que pudieran ser objeto debido a un embarazo”, mencionó.
El legislador por Nuevo Laredo dijo que el escenario es preocupante por lo que es preciso fortalecer estrategias operativas eficientes, eficaces y contundentes para favorecer la permanencia escolar y reducir el rezago educativo en adolescentes embarazadas y/o con hijos.
La situación se agrava porque de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, la zona fronteriza se encuentra en los primeros lugares de la estadística nacional de menores embarazadas.
Además, la misma Secretaría registró un mayor número de adolescentes embarazadas de diez a 19 años, en el municipio de Reynosa, seguido de Matamoros, Nuevo Laredo y Río Bravo.
En caso de que la iniciativa sea aprobada, la Ley de Educación preverá que el embarazo, la maternidad y paternidad no constituyen impedimento para ingresar y permanecer en la educación de cualquier nivel.
Además, impondrá a la Secretaría de Educación la obligación de “establecer mecanismos para otorgar facilidades a estudiantes embarazadas para que reciban los cuidados médicos adecuados hasta la conclusión del puerperio, así como facilidades académicas y administrativas para hacer posible que puedan ingresar, permanecer o reingresar a la institución educativa de que se trate, y concluyan el ciclo escolar que cursen”.
También prevé sanciones para quienes restrinjan “el derecho a la educación a una mujer embarazada, impidiendo su ingreso y permanencia en una institución educativa, mediante la expulsión, cancelación, negación o suspensión de la matrícula, y cualquier otra acción u omisión similar de discriminación arbitraria por su estado de embarazo y/o maternidad”.
La sanción para quienes violenten las anteriores disposiciones podría ir desde una multa de 434 mil pesos, hasta la revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondientes en la escuela involucrada.
