Se teme que la colaboración termine en detenciones indiscriminadas
EL PASO. – El 1 de enero de 2026, Texas implementará una nueva medida legislativa que cambiará la dinámica de cooperación entre las autoridades locales y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
El Proyecto de Ley Senatorial 8 (SB-8) requiere que los alguaciles de los condados que operan cárceles trabajen de manera formal con el ICE bajo el programa 287(g).
Esta nueva ley ha generado gran controversia, y sus implicaciones pueden afectar a miles de inmigrantes en todo el estado.
A partir de enero de 2026, todos los alguaciles de los condados que gestionen cárceles deberán firmar un acuerdo de cooperación con ICE bajo el programa 287(g).
Esta legislación establece que los oficiales de los condados, y en algunos casos los contratistas de las cárceles podrán hacer cumplir las leyes federales de inmigración.
El objetivo de esta ley es facilitar el proceso de identificación y detención de inmigrantes indocumentados. Para incentivar la cooperación, se destinarán subvenciones que van de los 80 mil a los 140 mil dólares, dependiendo del tamaño de la población del condado.
80 mil dólares para condados con una población de hasta 99 mil 999 habitantes. 100 mil dólares para condados con una población entre 100 mil y 499 mil 999 habitantes. 120 mil dólares para condados con poblaciones entre 500 mil y 999 mil 999 habitantes. 140 mil dólares para condados con más de un millón de habitantes.
Sin embargo, esta ley ha causado un debate significativo sobre sus posibles efectos en la comunidad y en las relaciones entre inmigrantes y las autoridades locales.
Mientras algunos defienden que esta ley es una medida necesaria para mejorar la seguridad pública y asegurar el cumplimiento de las leyes federales de inmigración, otros argumentan que podría agravar la discriminación racial.
