El Instituto Nacional Electoral (INE) ha rechazado más de 36 mil solicitudes de ciudadanos que buscaban acreditarse como observadores electorales para la elección judicial del próximo 1 de junio. La mayoría de los rechazos se debieron a que los solicitantes militan en partidos políticos, son Servidores de la Nación o funcionarios públicos vinculados a programas sociales, lo cual contraviene los lineamientos de imparcialidad requeridos para esta función.
De esas solicitudes rechazadas, 30 mil correspondían a personas con algún tipo de vinculación partidista o institucional, lo que ha encendido las alertas entre la oposición y los críticos del proceso. La preocupación se centra en que, para esta elección, los observadores ciudadanos serán los únicos autorizados para presenciar el conteo distrital de votos, ya que los funcionarios de casilla sólo se encargarán de separar las boletas por colores sin contabilizar los sufragios por candidatura.
En contraste, únicamente 34 mil 881 personas han sido aprobadas como observadoras, una cifra apenas superior a los registros invalidados, y que contrasta con los comicios de 2024 donde sólo 912 solicitudes fueron rechazadas. Además, se ha autorizado la participación de 150 visitantes extranjeros provenientes de organismos electorales, organizaciones de la sociedad civil, cuerpos diplomáticos y centros académicos. El INE también llevó a cabo un segundo simulacro del Sistema de Información sobre el desarrollo de la Jornada Electoral (SIJE), que estará disponible en línea y permitirá monitorear en tiempo real aspectos clave de la elección, como la instalación de casillas, inicio de votación, integración de las mesas directivas y presencia de observadores.
La exclusión de miles de solicitantes con vínculos políticos busca garantizar la transparencia del proceso, aunque también ha generado críticas sobre la magnitud del intento de injerencia por parte de actores ligados al poder. Las autoridades reiteraron su compromiso con un proceso imparcial y señalaron que seguirán depurando los registros hasta asegurar que solo participen observadores verdaderamente independientes.
