Estados Unidos y Panamá han endurecido sus medidas migratorias para acelerar la deportación de migrantes. El acuerdo entre ambas naciones busca agilizar los vuelos de deportación para aquellos que no tengan un motivo legal para estar en Panamá, independientemente de su nacionalidad.
El nuevo gobierno de Raúl Mulino en Panamá propuso enviar de regreso a quienes no cuenten con un “motivo legal” para migrar. Este acuerdo, firmado el lunes pasado tras la llegada de Mulino a la presidencia, implica que el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos proporcionarán seis millones de dólares.
El Servicio Nacional de Migración de Panamá estimó que hasta principios de junio de este año, 174,513 personas transitaron por la selva del Darién. Mulino, en su discurso de toma de protesta, afirmó: “No podemos seguir financiando el costo económico de la migración ilegal. Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales”.
El secretario de Seguridad Nacional de EE. UU., Alejandro Mayorkas, también enfatizó: “Estados Unidos continúa asegurando nuestras fronteras y expulsando a personas sin una base legal para quedarse”.
