En una decisión contundente, la Corte Suprema de Estados Unidos confirmó la validez de una ley federal que prohíbe a las personas con órdenes de restricción por violencia doméstica poseer armas de fuego. Con un fallo de 8 votos a 1, el tribunal determinó que esta medida no infringe la Segunda Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho a portar armas.
El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria, en la cual se estableció que una persona considerada por un tribunal como una amenaza creíble para la seguridad física de otra puede ser desarmada temporalmente. Roberts argumentó que esta prohibición es consistente con la tradición de las leyes de armas de fuego en Estados Unidos, que desde su fundación han incluido disposiciones para evitar el uso indebido de armas por personas que representen una amenaza.
«Cuando una orden de alejamiento contiene una constatación de que una persona representa una amenaza creíble para la seguridad física de su pareja, a esa persona se le puede prohibir —de conformidad con la Segunda Enmienda— poseer armas de fuego mientras la orden esté en vigor. Desde la fundación, las leyes de armas de fuego de nuestra nación han incluido disposiciones que impiden que las personas que amenacen con causar daño físico a otras personas hagan un uso indebido de las armas de fuego», escribió Roberts en su opinión.
Esta decisión subraya la postura del tribunal de equilibrar el derecho constitucional a portar armas con la necesidad de proteger a las víctimas de violencia doméstica. La prohibición temporal de poseer armas de fuego para aquellos sujetos a órdenes de restricción es vista como una medida preventiva crucial para evitar situaciones de mayor riesgo y violencia.
El fallo llega en un contexto de creciente debate sobre la regulación de armas de fuego en Estados Unidos, donde los defensores de los derechos de las víctimas y los defensores del control de armas han celebrado la decisión como un paso importante hacia la protección de las personas vulnerables. Al mismo tiempo, algunos grupos de derechos de armas han expresado su preocupación por lo que consideran una limitación de las libertades individuales garantizadas por la Segunda Amnienda.
En cualquier caso, la determinación de la Corte Suprema establece un precedente significativo en la interpretación de las leyes de armas en relación con la seguridad pública y la protección de las víctimas de violencia doméstica.
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