El gobierno de la provincia argentina de Buenos Aires anunció su decisión de no implementar el protocolo «antiprotestas» presentado por la ministra de Seguridad federal, Patricia Bullrich. Según el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, el protocolo propuesto «criminaliza» la movilización social, superando los límites democráticos.
En declaraciones a la radio local La Red, Bianco afirmó: «No lo vamos a aplicar porque no estamos de acuerdo. Criminaliza en cierto sentido la protesta. Tiene que haber orden, pero me parece que lo que se ha hecho sobrepasa un límite que hemos tenido todos estos años de democracia».
El protocolo propuesto por Bullrich incluye la intervención de fuerzas federales para disuadir cortes parciales o totales de vías públicas en la ciudad de Buenos Aires. Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, advirtió sobre la eliminación de ayudas económicas a aquellos beneficiarios de planes sociales que participen en protestas que incluyan cortes de calles y avenidas.
Aunque el protocolo es de aplicación obligatoria en territorios federales, cada jurisdicción provincial tiene la facultad de adherirse o no. Esta decisión se da en medio de la preparación para una manifestación liderada por grupos de izquierda que protestan contra las políticas económicas de ajuste y el protocolo de seguridad del Gobierno de Javier Milei, programada para el día siguiente.
