La canciller Alicia Bárcena ha enfatizado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la gravedad de la situación en América debido al tráfico descontrolado de armas, declarando una «situación de emergencia» en la región. Bárcena resaltó la presencia de armas de fuego ilegales en manos civiles y su conexión directa con violaciones de derechos humanos, especialmente el derecho a la vida y a la integridad personal.
En una audiencia pública sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus impactos en los derechos humanos, la Secretaria de Relaciones Exteriores indicó que México recibe aproximadamente 200 mil armas ilegales anualmente, a pesar del estricto control sobre la adquisición de armas por parte de civiles en el país, que cuenta con un único distribuidor bajo administración del Ejército.
Bárcena destacó que las empresas de armas en el continente americano no implementan prácticas para rastrear el destino final de sus productos, permitiendo que estas armas lleguen a manos de grupos criminales. Asimismo, señaló el impacto diferenciado de la violencia armada en grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas, adolescentes y la población LGBTI+.
El llamado a la Corte Interamericana se centró en solicitar una evaluación de la responsabilidad de las empresas de armas en violaciones a los derechos humanos, así como en definir las obligaciones de estos actores privados y de los Estados donde operan. Bárcena hizo hincapié en la importancia de que las víctimas puedan acceder a recursos judiciales para la reparación del daño causado.
México instó a que las empresas de armas actúen con debida diligencia en sus actividades comerciales para evitar efectos negativos en los derechos humanos y solicitó a la Corte que se pronuncie sobre los recursos adecuados para asegurar la reparación a las víctimas de estas prácticas. La Canciller subrayó casos en los que empresas vulneraron derechos humanos, evidenciando la necesidad de responsabilizar y reparar las consecuencias de estas acciones en la región.
