Según el Código Penal de Tamaulipas, al que cause una lesión que ponga en peligro la vida se le impondrá una sanción máxima de tres a ocho años de prisión, por lo que la pena se elevaría hasta llegar a entre 17 y 18 años de cárcel.
Cd. Victoria, Tam.- En Tamaulipas plantean hasta 18 años de cárcel en la propuesta de replicar la “Ley Malena” para castigar a las personas que ataquen a las mujeres con ácido, agresión de la cual el género no ha estado exento en la entidad.
En el estado una fémina fue atacada con ácido y otra con aceite, según información de transparencia proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.
De acuerdo con los archivos de la Fiscalía, una de las indagatorias corresponde al año 2019 y se dio con ácido en el municipio de Nuevo Laredo. El segundo caso es del 2021, en Río Bravo, un ataque con aceite que se tipificó como violencia familiar.
Dentro del Código Penal del Estado aún no existe disposición alguna que aborde esta problemática, por lo que se considera prioritario legislar para combatir este tipo de delito y así prevenir y desincentivar que se siga llevando a cabo.
Se propone, en primer lugar, armonizar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (estatal) con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en lo referente a la definición de violencia física.
En específico, se pide estipular que la violencia física será cualquier acción u omisión que produzca un daño no accidental en la mujer provocado por la utilización de la fuerza física o algún tipo de arma, objeto, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra sustancia.
Lo anterior con la finalidad de darle certeza jurídica a este tipo de delito. En segundo lugar, se propone agravar las penas derivadas del delito de lesiones y que cuando sean cometidas por estas sustancias, la sanción se incremente hasta en dos terceras partes de la máxima. “Y esta aumentará en una mitad más cuando exista o haya existido una relación de parentesco, sentimental, afectiva, laboral o de confianza entre el agresor y la víctima”, plantearon las diputadas promoventes Sandra Luz García y Mireya González.
