Cd. Victoria, Tam.- Un Juez federal negó la suspensión definitiva al Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, quien a través de un Amparo (2834/2022), buscaba permanecer en la titularidad de la dependencia, luego de darse a conocer que no acreditó los exámenes de control y confianza a que está obligado.
El juzgador federal fundamentó su resolución en los artículos 125, 140, 144 y 146 de la Ley de Amparo, negando la suspensión definitiva a Ramírez Castañeda, “respecto de los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente interlocutoria, por los motivos ahí expuestos”.
El Amparo fue promovido para que el Fiscal Especializado de Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, Esteban Constantino Velasco Salinas, no continuara con la investigación tras los resultados del examen de control y confianza.
El 26 de octubre de 2022 llegó hasta la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado el oficio CNI/DG/319/2022 en el que Audomaro Martínez Zapata, Director General del Centro Nacional de Inteligencia, da cuenta que el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas no cumplió con uno de los requisitos esenciales para ser nombrado titular de la Fiscalía: la no acreditación de los exámenes de control y confianza.
Debido a este nueva “anomalía”, la posibilidad de una renuncia o destitución de dicho funcionario por parte del Congreso del Estado parecía inminente, pero al pasar de los días esto no ocurría.
Lo que sí pasó fue que ocho días después de la llegada de este documento, el Fiscal tramitó un juicio de Amparo en contra del Congreso del Estado, el presidente de la Jucopo, el Fiscal General del Estado y el Fiscal en Asuntos Internos de la Fiscalía General de Justicia.
En su demanda, el Fiscal Anticorrupción refiere que está siendo objeto de “infamia, deshonra, ataques a la salud por daños psicológicos, alteración de la salud mental, acoso laboral, por su exposición en redes sociales, prensa escrita y televisión”.
Además de “ataques a la dignidad, actos infames, deshonra, ataques al honor, desprestigio público, difamación, afectación a la reputación, exposición mediática, tortura, tormento y el peligro inminente a la privación de la vida derivado del retiro de los guardias de seguridad o escoltas que le fueron asignados para el desempeño del encargo como titular de la Fiscalía Anticorrupción”.
