Cd. Victoria, Tam.- El Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas recibió diversos medios de impugnación por parte de Diputados de Morena, de Movimiento Ciudadano y del Gobernador electo de Tamaulipas para revocar una serie de actos inconstitucionales e ilegales cometidos por los legisladores del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado.
Los legisladores de Morena, MC y el doctor Américo Villarreal impugnaron los asuntos presentados durante la sesión de clausura del periodo ordinario de sesiones del Congreso del Estado celebradas el 30 de junio y 1º de julio de 2022.
El TRIELTAM dio a conocer que el primer recurso de defensa de derechos político electorales, fue promovido por los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva (Morena) que fungió durante el periodo ordinario, en razón de que se les negó el acceso a ejercer su cargo en la Diputación Permanente.
Explicaron que la elección de la Diputación Permanente se realizó en dos ocasiones, obteniéndose empate con 18 votos cada propuesta.
Al efecto, la ley interna del Congreso establece que cuando no sea posible designar al referido órgano, la Mesa Directiva del Periodo que concluye estará a cargo de la Diputación Permanente, por lo que se realizó tal declaratoria.
Sin embargo, ilegalmente, horas después, el GP-PAN presentó una nueva propuesta para elegir una nueva Diputación Permanente, la cual fue electa en contra del GP-morena y la representación de Movimiento Ciudadano.
En otro recurso de defensa de derechos político electorales, los Diputados Úrsula Patricia Salazar Mojica, Coordinadora del GP Morena y Gustavo Cárdenas Gutiérrez, de Movimiento Ciudadano, denunciaron que se les negó el acceso a ejercer su cargo como integrantes de la Junta de Coordinación Política, en razón de que no se les convocó a reunión de la misma para acordar la prórroga de la sesión más allá de las 5 horas que establece la ley.
Por su parte, el Gobernador electo Américo Villarreal Anaya presentó un recurso de defensa de derechos político-electorales, en contra del Congreso del Estado por la expedición del Decreto que transfiere funciones en materia de seguridad a la Fiscalía General del Estado y en contra del Gobernador del Estado por la promulgación y publicación de un Decreto inconstitucional.
