El Congreso del Estado buscará que la aplicación de un impuesto al valor agregado del 8% en la zona fronteriza de Tamaulipas, sea garantizado por el Congreso de la Unión a través de la Secretaría de Hacienda.
Recientemente el gobierno federal renovó la aplicación de esta tasa de IVA como parte de un programa temporal de incentivos en la franja fronteriza entre México y Estados Unidos con el fin de lograr mejores condiciones de competencia comercial a los comerciantes nacionales.
A nivel estado, la Comisión de Gobernación y la de Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública, dictaminó procedente la iniciativa del diputado Gerardo Peña Flores, que exige mantener el IVA del 8% en la franja fronteriza de Tamaulipas.
Los municipios que se ven involucrados con esta medida son Nuevo Laredo, Mier, Nueva Ciudad Guerrero, Miguel Alemán, Díaz Ordaz, Camargo, Reynosa, Río Bravo y Matamoros.
A través de este punto de acuerdo se exhorta a las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, a efecto de que se lleven a cabo las acciones conducentes, a fin de darle sustento en la Ley del Impuesto al Valor Agregado a dicha tasa preferencial.
El diputado de Morena Roque Hernández Cardona se sumó a esta propuesta legislativa del PAN, resaltando que se trata de una buena medida que incentiva la inversión, para que empresas nacionales y extranjeras se establezcan en la frontera.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Gerardo Peña Flores, manifestó que esta medida está orientada a dar mayor rango de competitividad al sector comercial en las localidades fronterizas de Tamaulipas.
En ese sentido, dijo que se espera que los diputados federales hagan caso y que, a la mayor brevedad, pasen esto a la Ley del Impuesto al Valor y quede estipulado para siempre como lo era antes del 2013.
La diputada Imelda Sanmiguel Sánchez destacó que, mediante esta acción legislativa, se pretende que la tasa del 8% del IVA vuelva a estar establecido en la ley, “los tamaulipecos necesitan medidas certeras que garanticen el derecho a la competitividad, ya que corresponde al Estado garantizar la rectoría del desarrollo nacional”.
