El presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas de México, Ricardo Cruz Haro, calificó como lamentable y grave el reciente caso de bullying contra una menor en la ciudad, quien fue atacada por varias compañeras a golpes que le ocasionaron lesiones moderadas, además de que personas grabaron el hecho, pero no intervinieron para auxiliar a la jovencita.
Advirtió que la sociedad ya no está en alerta amarilla, sino en luz roja, por lo que ofreció apoyo jurídico directo a la familia de la chica lesionada para interponer una querella contra las agresoras ante la agencia especializada en adolescentes. Señaló que la omisión de autoridades y padres está normalizando la violencia escolar.
“Por eso ofrecimos nuestro apoyo a la familia de esta menor, para efecto de interponer la querella ante la Agencia Especializada en Adolescentes del Ministerio Público, tuvimos un caso hace un par de años una menor que fue agredida ante el grupo y esto degeneró en que hubiera una sanción económica para los padres, quienes tuvieron que pagarle una indemnización a la menor afectada y esto permitió que se eviten ese tipo de conductas por qué porque se le pegó en el bolsillo los padres del menor”, dijo Cruz Haro.
El abogado recordó que en marzo de este año presentaron una queja ante el Centro Regional de Desarrollo Educativo contra el entonces director del centro, profesor César Bolaños Hernández, cuya denuncia se fundamentó en los artículos 8 y 12 de la Ley de Educación de Tamaulipas.
Dichos artículos obligan a directivos y maestros a prevenir e inhibir conductas de acoso. La omisión, dijo, también es una falta sancionable por la ley estatal. Cruz Haro citó un precedente de hace dos años en el que una menor agredida obtuvo justicia.
Los padres del agresor fueron obligados a pagar una indemnización económica y la reparación del daño psicológico. Esa sanción, afirmó, inhibió la conducta porque “les pegó en el bolsillo”.
Mientras los hijos sean menores de 16 años, los padres son legalmente responsables de sus actos. El jurista criticó la indolencia social que quedó evidenciada en videos del ataque. Varios automovilistas tocaron el claxon, pero nadie se detuvo a auxiliar a la víctima.
“Si no me pasa a mí, no me afecta, pero nos afecta a todos”, advirtió. También cuestionó a la madre de la presunta agresora, quien justificó la rebeldía de su hija sin imponer límites.
Afirmó que la permisividad en casa —celular, ropa, salidas sin control— alimenta una patología familiar que deriva en violencia. Rechazó esperar a que un agresor se convierta en homicida para actuar. Recordó que la ley estatal permite suspender o destituir al director del plantel donde ocurra el bullying. La autoridad educativa, insistió, no puede seguir simulando.
