JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
En Victoria capital, el transporte público ha sido por décadas, casi desde su origen en el que se quedó estancado, un reflejo de la desigualdad urbana. Unidades obsoletas, rutas desarticuladas y un servicio que castiga al usuario cotidiano.
Pese a contar con más de 30 rutas, el sistema sigue dependiendo de microbuses irregulares y esquemas concesionados fragmentados, por no hablar de los destartalados autobuses que sobrevivieron de milagro casi medio siglo.
La movilidad, en lugar de ser un derecho, ha operado como una carga diaria al paso de los tiempos, en los que, esporádicos intentos por reformarlo se han perdido en los manoseos, los intentos de corrupción y las complicidades, sumadas a las resistencias de los concesionarios.
Ahí están como botones de muestra en la época contemporánea, los casos cuando en los tiempos de CAVAZOS gobernador, el subsecretario general de gobierno fue comisionado a la compra de microbuses nuevos para renovar la flotilla particular y brincando el sexenio, lo que pasó fue el encarcelamiento del ya exfuncionario por presuntos malos manejos en un área política.
RAMIRO RAMOS en su tiempo de titular del Transporte, también operó un intento modernizador, mediante financiamientos blandos a los prestatarios del servicio para compra de unidades, limitando los modelos en circulación y con EGIDIO, se ofrecieron recursos federales a fondo perdido que igual, se despreciaron en el juego de las envidias y las ambiciones personales desbordadas. Hoy, el nuevo modelo parece enfrentarse a un punto de inflexión, bajo la visión y determinación del galeno gobernante.
El arranque del programa “Conecta”, impulsado por el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, quien ayer supervisó las flamantes unidades tras la “ceremonia de honores”, introduce autobuses híbridos como punta de lanza de una transformación largamente postergada en detrimento de la movilidad, el confort y la agenda privada de los ciudadanos.
Se trata, en principio, de un plan piloto, donde ya aparecieron las primeras seis unidades de arranque, con rutas ahora en evaluación, servicio gratuito y monitoreo tecnológico en tiempo real, extendiendo las garantías de que se hará hasta donde los ciudadanos encuentren la mejor respuesta a sus necesidades.
Detrás de la cifra modesta de unidades en este primer momento, hay una señal política relevante: el reconocimiento de que el sistema actual ya no es sostenible y el pueblo necesita y merece un mejor servicio.
Las nuevas unidades no representan sólo un cambio de carrocería; incorporan accesibilidad universal, vigilancia, conectividad y menor impacto ambiental, todo eso que se convirtió en una sentida deuda social que finalmente encuentra una respuesta.
Donde la movilidad ha sido improvisada, esto representa un cambio trascendental, pasando del transporte como negocio atomizado, al transporte como política pública que atiende una necesidad y una aspiración histórica.
Junto a la operación de poner en circulación los primeros autobuses modernos, confortables, puntuales, que es lo que tanto pidieron por tanto tiempo los usuarios, la política pública hecha decisión aplicada del doctor AMÉRICO, va por desmontar inercias. Incluye llegar hasta la revisión de las concesiones opacas, remontar las resistencias gremiales y la falta de planeación integral.
La apuesta del gobierno estatal incluye, además, su expansión hacia la zona conurbada del sur, encabezada por Tampico y las ciudades de más alta densidad poblacional fronterizas como Reynosa, con sus respectivas conurbaciones.
Ahí el desafío resulta mayor con esas densidades poblacionales, con las demandas más complejas y las presiones económicas, íntimamente ligadas a las políticas, pero la decisión está tomada, otra vez, poniendo en el centro de los afanes institucionales al individuo, él y la ciudadana.
La prueba piloto que ahora se desdobla en el centro del estado medirá tiempos, rutas y aforos, como primer objetivo, pero también medirá algo más profundo: la voluntad política de sostener una reforma que inevitablemente tocará intereses.
Porque hay plena conciencia de que modernizar el transporte, además de comprar autobuses, implica redefinir quién controla la movilidad, quién se beneficia y quién rinde cuentas, a despecho de los sufridos usuarios del servicio.
Al consolidarse el programa, Ciudad Victoria dejará de ser ejemplo de rezago para convertirse en laboratorio de la transformación, para apuntalar los otros planes modernizadores dentro del estado, y e punto de referencia para otras entidades que sufren el mismo rezago.
Es el inicio de un nuevo modelo de movilidad que prolongará el entusiasmo, frustrado en los intentos truncos del pasado.
