POR JOSÉ INÉS FIGUEROA VITELA
No va a pasar. No tiene por qué pasar. Sería el acabose de las instituciones. Si el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no es capaz de brindar las garantías de que la voluntad ciudadana expresada en votos sea respetada, ¿qué razón tendría su existencia?
Ha sido público, notorio, reiterativo, el actuar del PAN-gobierno en Tamaulipas, hasta el punto que a un muy alto costo y no pocos delitos, quiso y no pudo ganar la elección sucesoria estatal.
Las infamias, persecuciones, infundios, amenazas, presiones, siguen hasta nuestros días, intentando torcer el resultado del proceso electoral, buscando su invalidación en la última instancia jurisdiccional. ¿Para qué?, se preguntan muchos.
Es obvio que quienes no votaron por ellos, tampoco lo harán en una segunda vuelta. Más bien, la certeza es que muchos de quienes votaron por ellos y no solo aquellos a los que presionaron o cooptaron, sino muchos otros más, le retirarían el sufragio en una elección repetida. Ahí están, desde los mandos hasta los operadores de la estructura priísta que usaron para la compra del voto, quienes ya no acompañaron las impugnaciones, privilegiando la institucionalidad, que en su caso es religión.
La imposición del centro del país de la Coalición, a la que fueron a regañadientes los mandos tricolores tamaulipecos, no existe más y el juego del “premio o chipote”, tampoco está más en los alcances de sus cometedores.
Los mismos panistas auténticos, que se han visto rebasados, inhibidos, ofendidos, por la voracidad criminal de la “familia gobernante” que ya se va, tampoco están en el ánimo de seguirse salpicando de tales inmundicias.
Esos son solo un par de botones de muestra de que el PAN no solo repetiría la derrota en una segunda elección local, sino que lo haría de más fea manera, como comprenderá el más limitado de los intelectos.
Ahora sí, podemos abundar en hipótesis, sobre la trama que existe atrás de la manifiesta intención de perseguir, sin más argumentos que la violencia y la ilegalidad, una muy lejana posibilidad de anular la elección de junio.
Dos son las eventualidades que de manera más recurrente he escuchado entre observadores y analistas del tema.
Una, que FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA estaría amagando con el cobro de viejas facturas entre el andamiaje electoral, para forzar un fallo jurisdiccional a su favor, con la intención de “provocar un acuerdo” de impunidad.
Otros polvos, de más viejos lodos “indiscretos”, le habrían hecho creer que, “con tal de que lo dejen iniciar su gestión en paz, AMÉRICO estaría dispuesto a olvidar todos los agravios y perdonar todos los delitos”.
Nada más alejado de la realidad. Los agravios del cuasi exgobernador de lastimosa memoria, no son solo contra los tamaulipecos, el gobernador electo y su familia; sus ofensas han llegado hasta el Presidente de la República y también contra sus hijos.
Las agresiones al pueblo y a la descendencia, no se perdonan, ni aun cuando el actor principal estuviera en la disposición de ello, que no es el caso, aquí, ni allá… menos acullá.
La otra versión no es mayormente distinta, en el fondo que busca la sombra de una impunidad que le permita disfrutan sin contratiempos, a plenitud, los tantísimos bienes acumulados al margen de la ley.
Que si no hay un nuevo gobernador en lo que resta del año, se abre el impasse para que CABEZA despliegue libremente, otra campaña mediática y coercitiva, buscando engañar a la opinión pública, someter a sus persecutores y blanquear los dineros malhabidos.
Igual de su séquito, se ha dejado correr la versión que las autoridades norteamericanas, no enjuician a delincuentes nacidos en su tierras, por lo que, aludiendo a su ciudadanía, andaría negociando el salvoconducto para el paso de su residencia y botín, a aquellas tierras.
De eso se trataría las peripecias que andaba haciendo en la capital norteamericana, enlodando la imagen del Congresista HENRY CUELLAR, haciendo aparentar que a cambio de donaciones a sus futuras campañas, le allanará allá el arqueo del origen de su fortuna.
Como sea, la resolución del TRIFE ya se llevó hasta la última fecha, vísperas de la toma de protesta del nuevo gobierno y aunque no hay forma legal de que se revierta la voluntad de los tamaulipecos expresada en las urnas, la dilación ha dado pie a los excesos conocidos.
