El gobierno de Venezuela calificó como un «crimen de lesa humanidad» la deportación de 238 migrantes venezolanos desde Estados Unidos a una prisión de máxima seguridad en El Salvador, vinculándola con una violación grave de los derechos humanos. Los migrantes fueron trasladados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de alta seguridad creada en 2023 por el presidente salvadoreño Nayib Bukele como parte de su estrategia contra las pandillas. Según el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, estas acciones constituyen un «vulgar secuestro» y advirtió que el gobierno presionará para la repatriación inmediata de sus ciudadanos.
La deportación se llevó a cabo bajo una ley de 1798, conocida como Ley de Extranjeros y Sedición, que permite la expulsión de extranjeros considerados peligrosos sin juicio previo. Esta legislación fue invocada por el presidente Donald Trump, quien en febrero de 2025 declaró al Tren de Aragua como una organización terrorista. Sin embargo, el gobierno venezolano niega que los migrantes deportados tengan relación con dicha banda criminal, acusando a Washington de «mentirle al mundo». Además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez comparó las condiciones del Cecot con «un campo de concentración nazi», denunciando maltratos y violaciones a los derechos de los detenidos.
A pesar de que un juez había suspendido temporalmente la aplicación de la ley, la administración de Trump ejecutó la deportación, lo que generó una respuesta enérgica de Caracas. Jorge Rodríguez anunció que el Parlamento venezolano pedirá a Nicolás Maduro emitir una solicitud oficial para desaconsejar a sus ciudadanos viajar a Estados Unidos, argumentando que «no es un país seguro». Asimismo, el gobierno venezolano convocó manifestaciones para exigir la liberación de los detenidos y denunciar lo que consideran una agresión directa a sus ciudadanos.
Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos se han intensificado desde 2019, cuando Washington dejó de reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Aunque el gobierno de Joe Biden flexibilizó algunas sanciones en 2023, el regreso de Trump al poder en 2025 ha endurecido las políticas hacia Caracas. Este nuevo episodio agrava aún más las ya deterioradas relaciones bilaterales, mientras Venezuela insiste en que no cesará en su esfuerzo por recuperar a sus ciudadanos y denunciar las acciones de Washington ante la comunidad internacional.
